Mientras todos los ojos están puestos en las elecciones primarias del próximo domingo, en el Ejecutivo también miran el desarrollo de otros comicios. El próximo jueves 17 de agosto se llevarán a cabo las elecciones de autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) y el gobierno de Alfredo Cornejo ha designado dos veedores para que no se cometan irregularidades. En las urnas, se enfrentan la lista que integran los actuales directivos de la institución y otra compuesta por personas cercanas al gobierno provincial.
El aire enrarecido que se respira en el Consejo comenzó a percibirse en noviembre del 2016. El día 23 de ese mes, se registraron incidentes entre las actuales autoridades del órgano colegiado y representantes de la lista opositora que querían oficializar a sus candidatos. El escándalo fue en aumento y finalmente las elecciones se realizaron en diciembre de ese año pero con una sola lista habilitada.
Si bien se impuso en las urnas la lista de la actual conducción, la oposición presentó una batería de amparos y recursos administrativos para que se anulara el resultado. Y eso fue lo que finalmente ocurrió.
El 18° Juzgado Civil, Comercial y Minas de Mendoza determinó la nulidad del proceso eleccionario y fundó su decisión en el hecho de que el padrón de votantes incluía a profesionales de otra carrera. En concreto, votaron cerca de 200 licenciados en administración de empresas y para la Justicia no correspondía debido a que ellos tienen su propia institución que los nuclea.
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Esto le dio a "Renovación Profesional" -el espacio opositor que tiene conexiones con la Franja Morada y funcionarios del gobierno de Cornejo- la posibilidad de presentar nuevamente candidatos. A raíz de ello, el 17 de agosto ambas facciones medirán fuerzas en las urnas y se pondrá en juego la continuidad de un núcleo de poder que lleva 30 años dirigiendo la institución.
Al respecto el referente de "Renovación Profesional", Conrado Risso, aclaró que el vínculo entre este espacio y la Franja Morada no es el mismo que existe en el la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, donde ambas agrupaciones van de la mano. "Nosotros llevamos en nuestras listas a peronistas, radicales, gente del PRO y profesionales independientes como yo", subrayó.
Según Risso, para presentar listas han tenido que sortear todo tipo de obstáculos interpuestos por los actuales dirigentes del Consejo y los acusó de "no querer un proceso electoral transparente, democrático e institucional". "Los mismos matriculados tienen que anotarse en un cuaderno para poder consultar el padrón, que debería estar expuesto como para cualquier elección", puso como ejemplo.
Para evitar suspicacias, este jueves se oficializó la decisión del gobernador Alfredo Cornejo -a pedido de la apoderada de la lista Renovación Profesional, Andrea Mariela Molina - de nombrar dos veedores oficiales que supervisarán las elecciones. En total, son poco más de 2.800 los profesionales habilitados para sufragar.
"Los veedores designados deberán cumplir sus funciones en todo el proceso eleccionario a partir de la fecha del presente Decreto y su notificación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas hasta la plena conclusión del acto comicial", reza el decreto 1348. En el mismo se designa como veedores a Matías Nahuel Martínez y Jorge Rodrigo Díaz.
Consultado por MDZ acerca de esta situación, el presidente del CPCE Eduardo Marroquín dijo que "las elecciones en diciembre fueron trasparentes y limpias". De todas maneras, aclaró que no tiene problemas de que el gobierno ponga dos veedores para que supervisen las elecciones.
Marroquín junto a Norma Azcarate, del Tribunal de Ética.
En total los cargos que se eligen son los de 8 consejeros titulares y 5 suplentes; 3 miembros titulares y 2 suplentes en el Tribunal de Ética; y 3 titulares y dos suplentes para la sindicatura. Por su parte, los nuevos miembros del Consejo serán los encargados de designar la jerarquía de las nuevas autoridades.
Además de nuclear a los profesionales de Ciencias Económicas de la provincia, el CPCE es una entidad con filiales en los departamentos y que funciona como órgano de consulta para otras dependencias privadas o estatales. Además, es formador de opinión y tiene injerencia a la hora de nombrar funcionarios, profesores universitarios y otros cargos.