Aunque al hablar del Poder Judicial se nos venga a la mente la imagen del edificio emplazado en perpendicular a Casa de Gobierno, lo cierto es que la Justicia funciona en decenas de inmuebles. Algunos de ellos propios, pero otros tantos alquilados a privados en diferentes municipios de Mendoza. En total, hoy son 43 los alquileres que se pagan con este fin y el gasto anual supera los 18 millones de pesos. Algunos de los inmuebles están relacionados con familiares de ex miembros de la Suprema Corte de Justicia, tanto por ser propietarios como por haber tenido alguna relación con la explotación comercial de esos locales.
El rango de precios de renta varía dependiendo del tamaño del establecimiento y del departamento en el que están emplazados. Tal es la diferencia, que mientras en Real del Padre (San Rafael) se pagan 4.400 pesos mensuales por la sede del Juzgado de Paz, en la calle Morón de Ciudad funcionan varias dependencias del Poder Judicial y el canon mensual es de 190.000 pesos.
Ese edificio es propiedad de un familiar de la ex magistrada Aida Kemelmajer de Carlucci, quien en 2010 renunció a su cargo en la Suprema Corte. Específicamente se trata de Gabriel Kemelmajer, sobrino de Aida, y presidente del directorio de Coconur S.A., empresa a la cual pertenecen las oficinas ubicadas en la calle Morón al 337/347/389.
Según consta en los registros de la provincia, Coconur S.A. es una empresa que se creó en el año 2006 con el objetivo de realizar operaciones inmobiliarias y comerciales. Los socios originarios son Kemelmajer y María Laura Horenstein y el domicilio legal que figura en las actas es Espejo 232, planta baja. En noviembre del 2016 Gabriel Kemelmajer fue designado como presidente del directorio de la compañía.
El caso del sobrino de Aida Kemelmajer de Carlucci no es el único que vincula a un ex magistrado del máximo tribunal de la provincia con uno de los arrendatarios del Poder Judicial. Algo similar ocurre con la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial que funciona en la calle San Martín Sur al 1225, de Godoy Cruz.
En ese lugar, donde antes funcionaba un bowling, se repite una situación similar. Es que el inmueble estuvo vinculado al abogado Carlos Moyano, hijo del ex magistrado de la Corte Carlos Eduardo Moyano. En ese mismo edificio funcionaba Tork, un comercio que tenía a Moyano como uno de los socios que lo operaban. Al respecto, Moyano aclaró que si bien tuvo la explotación comercial del edificio no es el propietario del mismo. Incluso, aseguró, él denunció a los "verdaderos dueños" por maniobras realizadas para evadir impuestos. De hecho Moyano presentó un Jury contra el fiscal Juan Manuel Bancalari por no haber imputado, según su visión, a los propietarios del lugar por falta de cumplimiento del contrato. Esa denuncia contra Bancalari fue descartada por el Jury.
Por mes, el Poder Judicial abona 170.000 pesos de alquiler, lo cual lo convierte en el segundo más costoso de la lista.
La falta de infraestructura del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal es un problema que se arrastra desde hace tiempo. Tanto es así que al asumir como procurador de la Corte, Alejandro Gullé, se quejó por la falta de espacio físico para poder encarar de la mejor manera las reformas operativas que impulsaba. Entre ellas la implementación de fiscalías especializadas en distintos delitos.
En total, se arriendan siete edificios en Ciudad, siete en San Martín, seis en General Alvear, cuatro en Tunuyán, dos en Rivadavia, dos en Lavalle, dos en Luján, dos en Guaymallén, dos en Santa Rosa, dos en Malargüe, dos en San Rafael, uno en La Paz y uno en Maipú. Desde el Poder Judicial aclaran que todos esos alquileres se han adjudicado mediante licitación pública.