Mendoza deberá devolverle a la Nación cerca de un millón de pesos que le fueron otorgados a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B.I.R.F) para financiar la contratación de una consultora.
En junio de 2012 se presentó el programa de regularización dominal de tierra rural y desarrollo productivo. En ese entonces, el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Marcos Zandomeni, presentaron un proyecto que buscaba "fortalecer el arraigo rural e impulsar la actividad de más de mil puesteros y colonos de toda la Provincia, con un programa de ejecución previsto para dos años".
Es decir que se buscaba darle la titularidad de los terrenos fiscales a 1.194 productores que habitan una superficie aproximada de 667.370 has (la cual representa el 4,5 % del territorio provincial) mayormente en tierras no irrigadas de 10 departamentos mendocinos: Maipú, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, Las Heras, Lavalle, Malargüe, San Rafael y Gral. Alvear. Pero finalmente no se hizo, y el dinero deberá ser devuelto.
Este martes, se publicó en el Boletín Oficial que se la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I) del Ministerio de Hacienda, le deberá reintegrara a la Unidad para el Cambio Rural (U.CA.R) dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la suma de $992.585,33 con rentas generales de la provincia. Este dinero deberá ser devuelto, a su vez al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Se trata de una suma que se gastó en concepto de la "contratación de consultoría y asesoramiento para el desarrollo productivo".
El programa preveía una inversión cercana a los $14 millones, que iban a integrarse con fiananciación del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación –con fondos del BID- en un 75% y el 25 % restante iba a ser aportado por la provincia, esto no sucedió y la marcha atrás significa devolver los fondos a Nación, ante la imposibilidad de completar la parte correspondiente a Mendoza.
"La regularización dominial –referida a la tenencia de la tierra- es indispensable para promover el desarrollo productivo ya que únicamente las familias campesinas que tienen regularizada su situación con respecto a la tierra, pueden acceder a los servicios básicos y/o a planes de promoción productiva brindados por el estado", explicaba el Gobierno en 2012.
Además, señalaban que anteriormente hubo proyectos similares que fracasaron por no otorgarle la titularidad de los terrenos a quienes desearan desempeñar actividades productivas en ellos, por lo que pretendían resolver ese inconveniente y "dar un paso adelante en su estructura informativa y procedimental (...) en materia de tenencia de tierra (...) para los sectores rurales más desprotegidos".
Más tarde, en 2014, con Guillermo Elizalde como ministro de Tierras, Ambientes y Recursos Naturales, se anunció que comenzaría el proceso de regularización para "decenas de familias poseedoras de las tierras pero que, a lo largo de generaciones, no han logrado tener su escritura". Se anunciaba que se trataba de "reconocer el trabajo y dignificar su permanencia en el cuidad de la tierra".
Después de cuatro años, casi exactos, de gestiones, el dinero deberá ser devuelto y no se otorgaron los títulos.