Senadores radicales y justicialistas le regalaron otra posibilidad de endeudamiento (90 millones de dólares) al gobierno de Alfredo Cornejo destinado a la construcción de una nueva cárcel. En medio de cierto ruido parlamentario, el oficialismo se encargó de, si no dejar afuera, al menos sí, poner en "stand by" el proyecto previsto del empresario Omar Álvarez.
Este mediodía, por 35 votos (UCR, PJ, Unidad Popular y Libres del Sur) contra 2 (Noelia Barbeito y Víctor Dávila del FIT), el Senado aprobó definitivamente el pedido de endeudamiento por 90 millones de dólares para construir otro penal en la provincia para cerca de 900 reclusos.
Justicialistas acuerdan con radicales en plena sesión.
Cabe recordar que, desde un comienzo, la iniciativa del gobierno despertó polémica porque recuperaba un proyecto que es propiedad intelectual del empresario mediático sureño y cabeza de Obras Andinas, Omar Álvarez. Esto abrió sospechas sobre cierta discrecionalidad que pudiera existir en el oportuno proceso licitatorio para la construcción de la obra.
Es así que, para cumplir el nuevo deseo de Cornejo de avanzar en la construcción de otro penal -lo que parece indispensable tras aprobar la Ley de Prisión Preventiva que prevé un incremento de la población carcelaria-, legisladores del oficialismo adujeron que, hasta aquí, hubo un "error de interpretación" y dejaron en "stand by" la idea de Álvarez.
Desde esta posición, se encargaron de resaltar que se tomarán en cuenta otras alternativas y proyectos y que la licitación del nuevo sistema penitenciario se hará acorde a la Ley de Obras Públicas de Mendoza, la número 4.416.
Jaliff: "No se privilegiará a ninguna empresa"
Buscando despejar cualquier duda sobre que el Gobierno pueda tender a privatizar la obra pública, el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff (UCR), comentó: "En su momento se pensó que se aplicaba la Ley 5.507 sobre concesión de obras y servicios públicos, que en el artículo 5 establece una prerrogativa para quien presentaba una iniciativa. Nosotros, hemos entendido que es de aplicación la Ley 4.416 mediante una licitación pública y normal sin el privilegio a una empresa".
Palero: "Hubo un error de interpretación"
El senador radical Jorge Palero aseguró que se evaluarán varios proyectos alternativos a la hora de construir la nueva cárcel y que, además, podrían celebrarse convenios con otras provincias para compartir planos. "Fue un error de interpretación de la ley y sin mala voluntad el hecho de que el ministro de Hacienda, (Martín) Kerchner, entendiera que se trataba de una concesión de iniciativa privada", deslizó el legislador oficialista.
Montero: "Se apela a que haya una licitación pública"
Previo al tratamiento en el recinto, la propia vicegobernadora que más tarde presidiría la sesión en cuestión, Laura Montero, apuntó: "Se apela a que haya licitación pública, transparencia en ese proceso, libre concurrencia y que se elija el mejor proyecto. Es decir, no existe compromiso previo con ningún proyecto", y agregó: "Es una ley que otorga un endeudamiento, la ley en sí misma no condiciona nada. Lo que hay que hacer es ir hacia un buen proyecto para la provincia".
Fadel: "No era lo que parecía que debía ser"
La presidenta de bloque del PJ, Patricia Fadel, se mostró sorprendida por el hecho de que, ahora, el oficialismo diera marcha atrás con la idea de Álvarez y dijo: "O hay un error o van a tener consecuencias porque si están haciendo uso de un proyecto privado (el de Álvarez), el privado podría hacer el reclamo justo (por su autoría)". "No sé si tienen (desde el Gobierno) en claro esta situación", lanzó y completó: "Pero el proyecto no era lo que parecía que debía ser". Sin embargo, argumentó que acompañaron la iniciativa porque, claramente, en la provincia hace falta la construcción de una nueva cárcel: "Nos parece bien que se hagan inversiones en cárceles hasta por una cuestión humanitaria, pesan, como sabemos, observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Ingenieros del Estado en alerta
Desde la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas, el ingeniero Claudio Fortunato ve con dudas la iniciativa de Cornejo y entiende que corre riesgo de privatizarse la obra pública. Explicó que, en este momento, el Gobierno cuenta con un proyecto listo, hecho por profesionales del Estado, y que, de ese modo, se ahorraría la erogación de 90 millones de dólares prevista. "No es necesario erogar ese dinero cuando el proyecto está hecho; nos parece un despropósito", opinó el profesional contratado del Estado.