Molesto por las críticas esgrimidas desde algunos sectores de la oposición, el gobernador Alfredo Cornejo explicó en qué consiste el proyecto de reforma de la ley de ejecución de penas. El mandatario aclaró que no se forzará a nadie a trabajar o estudiar en las cárceles, sino que será un requisito necesario para poder acceder a los programas de beneficios que contempla el código penal nacional. "Para poder ser parte de esos beneficios habrá que trabajar o estudiar", manifestó.
En este sentido, el jefe del Ejecutivo acusó a algunos opositores de padecer "amnesia generalizada" y afirmó que muchas de las personas que opinan olvidan que fueron parte del gobierno hasta hace un año y siete meses. "Si tiran abajo cualquier iniciativa, sigamos como estamos hasta ahora: con delincuentes haciendo de las suyas", retrucó.
Para el mandatario, el proyecto presentado este martes en la Legislatura es una manera de poner fin a lo que muchas provincias hicieron en el país durante el "imperio" de Cristina Fernández de Kirchner. "La doctrina ultragarantista y abolicionista hizo en el pasado que las provincias no se animaran a ejercer su propia facultad de regular la vida interior de las cárceles", aseveró Cornejo. "Lo que estoy haciendo es retomar el principio federal que establece que la administración y el régimen interno de las cárceles dependen de la provincia", adhirió.
Según sostuvo el gobernador luego de tomar juramento a 63 cadetes de la Policía, el principal objetivo de esta medida es que los delincuentes y las personas que piensan delinquir entiendan que "la cárcel no es un spa para estar de vacaciones con cuatro comidas gratis". "Tienen que pagar por el delito que han cometido", advirtió.
En sintonía con lo expresado el último 1 de Mayo, cuando habló de terminar con el ocio en las prisiones de Mendoza, el mandatario ratificó que con este proyecto también apuntan a reducir la reincidencia. En concreto, preparando a los internos para estar en condiciones de conseguir trabajo cuando recuperen su libertad.
Por otro lado aclaró que no está previsto pagar por ese trabajo, sino que es una manera de que retribuyan por lo que han hecho. "Queremos generar las mismas condiciones de esfuerzo y trabajo en la cárcel que afuera", aseguró.
Por último, sostuvo que quienes hoy buscan excusas y critican la iniciativa "no se animan a decir que para ellos los delincuentes no tienen que estar presos". "De las modificaciones al régimen de prisión preventiva decían que eran inconstitucionales, pero a casi un año de que comenzaran a aplicarse no se presentó ni un pedido de inconstitucionalidad", aseveró Cornejo. "Estamos dispuestos a modificar el proyecto, siempre y cuando no se proponga cambiar el sentido del mismo", concluyó.
Nuevas cárceles
En cuanto a los lugares de trabajo, Cornejo adelantó que no sólo está previsto que los internos trabajen en el penal, sino que también contemplan la posibilidad de que algunos lo hagan fuera de los mismos.
"Vamos a trasladarlos para que trabajen con privados en
las empresas que tengan servicios y puedan capacitar a las personas. En los últimos meses hemos logrado acuerdos y ya hay empresas que ya trabajan al interior del pena", explicó.
Pero además de ello, aclaró que la nueva cárcel federal y el futuro penal de Almafuerte II contarán con infraestructura especial para permitir el trabajo y la educación de los presos. Por ejemplo, para la construcción de Almafuerte II -que costará alrededor de 1400 millones de pesos- se ha proyectado un circuito de máxima seguridad, otro con celdas para tres personas, un tercero dedicado a deportes, trabajo y estudio más un cuarto circuito con casas especiales previas a la salida del recluso.