Después de que la titular de la Fundación Cullunche planteara dudas sobre el destino de la pantera negra, que supuestamente murió la semana pasada, desde el Gobierno provincial admitieron que existen dudas al respecto y anticipó que, en caso de confirmar algunas de las sospechas, realizarán otra denuncia penal.
El Gobierno investiga si esta herida es producto de un disparo.
"El cuerpo veterinario dijo que la han enterrado en una fosa del Zoo. Nosotros le pedimos que informe en cuál de las fosas. Si no encontramos el cuerpo, lo denunciaremos", dijo el jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, en diálogo con MDZ Radio.
De acuerdo con el funcionario provincial, "hay un negocio, que es la venta de los subproductos, como las pieles. Los ciervos tiran la cornamenta todos los años, la cambian, ¿qué se hace con ellas? Vamos a investigar lo que advirtió Jeniffer Ibarra.
Sosa volvió a cargar contra el gremio ATE: "Hay una pelea por la caja del Zoológico. Algunos gremios quieren hacerlo y decidir sobre proveedores y sobre quién entra y quién sale. El proyecto que presentó ATE al Gobierno anterior contenía una forma de administración cuyas decisiones pasaban por los gremios y el director del Zoo era una figura protocolar".
"Probablemente eso ha sido una derrota que quiere cobrar el gremio", lanzó.
Por otra parte, sobre las heridas que sufrió la hipopótamo, señaló que por el momento "no está confirmado que fue un balazo. La denuncia habla de heridas compatibles con orificios de bala y heridas cortopunzantes. De estas últimas no hay dudas".
En una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno, Sosa añadió que "el principal problema radica en que en el cuerpo de veterinarios de seis integrantes de planta, tres son delegados gremiales, por lo cual no contamos con las herramientas necesarias para apartarlos de sus cargos. Le solicitamos a la Justicia que los separe preventivamente durante unos días".
"Vamos a traer veterinarios de Buenos Aires y del SENASA para que analicen la situación junto con un grupo selecto de profesionales locales. Existe mucha incertidumbre sobre la información que nos están proporcionando", afirmó Sosa.
"El año pasado murieron 350 animales y no lo comunicaron. Sabemos que la situación es muy grave y estamos tratando de aportar la solución más conveniente. No podemos avasallar los derechos de los trabajadores y la tutela gremial, tienen cierta inmunidad en ese sentido. Nos vamos a constituir en querellantes en una denuncia penal contra el cuerpo de veterinarios y que la Justicia decida", concluyó el funcionario.