El triunfo puede hacer creer a las personas que son invencibles, intocables e impunes, aunque en su alrededor la cosa se esté pudriendo. Cuando la victoria es en un "pago chico" como Santa Rosa, el riesgo es mayor. Sergio Salgado lo vivió en carne propia y hoy está pagando las consecuencias. Nadie lo acusa (aún no hay pruebas físicas que lo delaten ni un fallo que lo condene), pero casi no hay duda que la política y el poder lo condujo a su destino.
La segunda gestión de Salgado en Santa Rosa empezó con el pie izquierdo. En el marco de una incipiente crisis económica nacional, el municipio santarrosino comenzó a aplicar una serie de medidas tendiente a reducir el gasto público con el quite de algunos ítems a los municipales y ajustes en alquileres y combustibles, aunque nunca se planteó la reducción de personal. Además se cayó una licitación para la construcción de 50 casas debido a un (nuevo) conflicto con los concejales. Mientras tanto, Salgado buscaba alinearse en la interna peronista, primero en el flamante sector de La Corriente, del entonces vicegobernador Carlos Ciurca, aunque finalmente se encolumnó detrás de los hermanos Félix en Integración Peronista, donde encontró el cobijo necesario sin romper con el gobernador Pérez, su fuente de dinero fresco.
Un anuncio a fines de ese mismo año sacudió a la economía mendocina: La Salada, esa popular feria bonaerense del empresario Jorge Castillo, iba a desembarcar en Mendoza. Luego de idas y vueltas, atraído por los beneficios prometidos por Salgado, Castillo finalmente se decidió por Santa Rosa. Esto le trajo inconvenientes no solo con otros comerciantes, sino también con intendentes de su mismo partido, como el sanmartiniano Omar Giménez. A pesar de ello, se avanzó en el proyecto y La Salada mendocina fue inaugurada con bombos y platillos en septiembre del 2013, sin darse a conocer los detalles del acuerdo. Sumado a los buenos resultados en las elecciones legislativas, el jefe comunal santarrosino vivió momentos apacibles, salvo algún que otro conflicto con su eterno enemigo, el demócrata Antonio Ponce, que no lo alteró demasiado.
Violencia de género
Luego de la calma, la tormenta. Una bomba le estalló en la cara a Salgado en febrero del año pasado, cuando su ex pareja Bárbara Dorcemaine (la misma que Salgado negó como su novia cuatro años atrás tras un episodio violento con el esposo) lo denunció penalmente por golpes, insultos y amenazas. Si bien el intendente no hizo declaraciones, su abogado Roberto López salió a desmentir el episodio de violencia de género y lo relacionó con una movida política, acusaciones usuales de la gestión local.
Tras conocerse la denuncia, otra vez los concejales intentaron suspender al intendente y nuevamente fracasaron debido a que no consiguieron los votos necesarios. Pero, con la atención fijada sobre ellos, aprovecharon para manifestar que Santa Rosa estaba sumida en una crisis institucional y económica grave.
En las flamantes elecciones primarias provinciales de abril, Salgado se impuso por apenas dos décimas al conjunto de competidores del frente Cambia Mendoza, y en las generales de junio logró ganarle, también por escaso margen, a la radical Débora Quiroga, resultando uno de los pocos ganadores kirchneristas en una provincia altamente favorable a la UCR. Con su tercera victoria consecutiva, el reelegido intendente debería festejar, pero la crisis económica lo apremiaba y el Concejo Deliberante avanzaba a paso firme en las investigaciones abiertas en su contra mientras planificaba un nuevo pedido de suspensión.
Con el paso de las semanas, los conflictos comenzaban a tomar forma y presagiaban el final. El abogado de Salgado, Roberto López, fue sancionado por el Colegio de Abogados debido a una estafa, los trabajadores municipales protestaban en reclamo del pago de sueldos atrasados, el intendente anunció recorte de personal contratado y pidió públicamente cerrar el Concejo Deliberante. Poco antes de asumir su nuevo periodo, el Banco Nación denunció a Santa Rosa por entregar 240 cheques sin fondos por más de 9 millones de pesos y los municipales avanzaron en su protesta y tomaron el edificio comunal.
El estallido
Tras la reasunción de Salgado, el conflicto con los municipales recrudeció a niveles alarmantes, a pesar del auxilio económico provincial, y surgieron más denuncias contra el Ejecutivo municipal por irregularidades. A la vez que los concejales santarrosinos anunciaron en enero de este año un nuevo proceso de destitución, se destapó una verdad oculta sobre La Salada: Jorge Castillo reconoció que no existía un acuerdo escrito con el municipio y aseguró que la comuna se cobró el cánon con el uso de la playa de estacionamiento, recaudando 10 millones de pesos que nadie sabe en qué se usó. También la Fiscalía de Estado avanzaba en las investigaciones y el Tribunal de Cuentas reclamaba los informes adeudados.
En el medio, y probablemente en un intento desesperado, Salgado tomó una decisión insólita: el 13 de enero cerró el edificio municipal por tiempo indeterminado aduciendo que "la violencia" ponía en peligro el funcionamiento municipal. Esto caldeó aún más el ánimo y provocó aireadas protestas incluso del gobernador Alfredo Cornejo. Recién el 18, luego de un giro por adelanto de Coparticipación, el intendente reabrió la Municipalidad y sostuvo su inocencia. "Nunca pensé en renunciar", dijo hace poco menos de tres meses.
Acorralado por denuncias y la inminente suspensión, Salgado recibió otro golpe. El fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay, en el marco de la investigación por irregularidades, dictaminó un allanamiento en las oficinas del municipio en febrero para recolectar información, mientras el intendente no daba señales de existencia, que recién se dejó ver en los festejos vendimiales.
El final (transitorio) de esta historia es ampliamente conocido: el 28 de marzo, Garay ordenó detener a Salgado por el delito de administración fraudulenta, Salgado se dio a la fuga y pidió "garantías" para entregarse e insistió en que no iba a renunciar. En tanto, el gobierno provincial mantuvo importantes reuniones con los concejales santarrosinos para acordar cómo proceder ante la detención de Salgado, si bien eso generó otro conflicto no menor en el seno de Cambia Mendoza. Luego de que la Justicia emitió un pedido de captura, Salgado se entregó forzosamente el pasado jueves y, tras un breve paso por Contraventores, fue trasladado al penal de Boulogne sur Mer. En su celda, redactó su renuncia, aquella que negó hasta último momento.
Quizás no sea el peor político de la Mendoza moderna, quizás otros hayan hecho cosas peores que él (y seguramente que existen), pero Sergio Salgado es el reflejo de una época en la cual la sospecha y las maniobras oscuras primaron ante todo. Posiblemente la detención sea un pequeño paso, pero, en definitiva, es un paso necesario para cerrar un ciclo dañino para la provincia.