La firme postura en contra de la diputada Elisa Carrió, en el avance de un proyecto de ley para poner temporalidad a la duración del mandato de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, es correcta y está en línea con la urgente necesidad de recuperar y afianzar la institucionalidad del país en todos los organismos públicos.
No quedan dudas del accionar parcial y protector de empresarios privados y funcionarios públicos kirchneristas corruptos de la procuradora.Su conducta como jefa de los fiscales nacionales avergüenza y resulta inadmisible.
Pero no debe ser una ley a medida, impulsada por funcionarios y legisladores del gobierno, el instrumento idóneo para ponerle limite al mandato de Gils Carbó.
La Argentina necesita con firmeza recuperar la calidad y la transparencia institucional. Décadas de atropello y de obviar los pasos legales y administrativos correctos, nos han asemejado a una república bananera, donde todo es posible y lo que es peor, aceptado en silencio o con apoyo tácito, por parte importante
cantidad de los ciudadanos.
No hay república democrática sin instituciones independientes, eficaces, al servicio del pueblo y no del poder de turno.
El juicio político es el vehículo institucional para apartar a la procuradora. Y por esa vía hay que encarrilar el proceso. Hay pruebas sobradas para declarar la culpabilidad y posterior apartamiento de Gils Carbó. Y si no se consiguen los votos necesarios, tendremos a la vista a cada uno de los legisladores y sus argumentos exculpatorios o condenatorios. Si no hay los votos necesarios se deberá insistir, con más y mejores argumentos, hasta conseguir el apartamiento.
Cambiemos y el PRO especialmente, insistieron en la necesidad de recuperar las instituciones y la transparencia.
El camino elegido defrauda lo expresado y comprometido, y los iguala o
acerca a lo peor de la política que es necesario desterrar.