Sin querer queriendo, la suba salarial del 35% que el Gobierno provincial pactó con toda la Administración Pública se volvió en su contra, sobre todo en los cargos jerárquicos. Cuando faltan cuatro meses para terminar su gestión, Francisco Pérez deberá saldar los retroactivos de marzo y abril "para todos y todas".
Previo a detallar de qué trata esto, hay que decir que aunque los legisladores del FIT denuncian "dietazo", la discusión pasa, en realidad, por el elevado porcentaje acordado en mayo de 2015, el 35%, teniendo en cuenta que la Nación pidió arreglos de entre el 25% y el 27%.
Es decir, resulta (al menos) anacrónico hablar de "dietazo" una vez que todos y todas se beneficiaron con el 35% de suba salarial. Y en esto, probablemente, tengan razón algunos diputados y senadores (oficialistas y opositores) cuando acusan a la Izquierda de "hacer campaña" hablando de "dietazo".
En todo caso, hay que debatir el cuánto pero también el cómo. Teniendo en cuenta que hay, por lo menos, 17 regímenes salariales en el Estado, debería analizarse seriamente de qué modo se aplica el incremento acordado.
En ese sentido, la Ley 5811 sobre las remuneraciones de todo el personal de la Administración Pública hace las veces de brújula pero, aún así, no termina de orientar a buen puerto.
Teniendo en cuenta que el acuerdo paritario 2015 se firmó en mayo, todos los empleados y funcionarios de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo cobraron/án el retroactivo correspondiente a marzo y abril por el 35 por ciento convenido.
En el caso del Poder Judicial, el retroactivo de marzo fue percibido el 4 de junio; el de abril, fue cobrado el 11 de junio. En ambos casos, según constató MDZ, se liquidó el 35% acordado. "Fue el 35 por ciento en la asignación de clase; es decir, el básico. De bolsillo fue más o menos un 33,5%", comentó una fuente judicial. Además, en el bono de sueldo de 7/2015 percibieron un 3% de incremento en el coeficiente del adicional "aumento 2015" que pasó del 22,5% al 25,5%. Con esta última actualización, se terminó de pagar todo lo pactado en la paritaria de este año, según subrayaron desde el Palacio Judicial. "Así, los sueldos de empleados y funcionarios quedaron actualizados en un rango que va de los 10 mil a los 50 mil pesos", completaron.
En el Ejecutivo el retroactivo también se liquidó en dos veces. De acuerdo con fuentes de Hacienda, el primero, correspondiente a marzo, fue pagado el 15 de julio. En tanto, el de abril, será liquidado a mediados de agosto. Esto se aplica, de igual modo, para el personal de Administración Central, Parques y Zoológicos, Vialidad, Sanidad, Casino de Mendoza, profesionales de la Salud, Orquesta Sinfónica y escalafón Ley 7799, enumeraron. Si bien nadie se anima a decir de cuánto es ese retroactivo, algunas voces silenciosas estiman que, en el caso de los cargos ministeriales, se trata de 8 mil pesos. No es difícil deducir que se trata de una cifra sideral que sale de las arcas públicas.
En el caso del Poder Legislativo, el retroactivo se pagará en tres cuotas. La primera fue liquidada en julio; en tanto, quedan dos saldos pendientes para agosto y septiembre. En medio de la polémica que se generó por la denuncia del FIT del "dietazo" y del pedido de "austeridad" del gobernador electo, Alfredo Cornejo, ayer, los legisladores radicales, Néstor Parés y Alejandro Molero, explicaron que donarán la diferencia que surge entre el bono sin aumento y el bono con aumento, dejando entrever que se trata de (al menos) 7 mil pesos. Confirmaron, asimismo, que los retroactivos no formarán parte de esta iniciativa.
"Debió congelarse"
Una de las personas que encabezó la lucha salarial de principio de año, Raquel Blas, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), analizó que, en todo caso, Pérez debió haber congelado, como lo hizo en 2014, la actualización en los haberes de los funcionarios.
"Debió hacerlo como un gesto de austeridad al término de su gestión. Y los legisladores, por su parte, deberían apoyar el proyecto del FIT de cobrar como un trabajador más", resolvió la, también, precandidata a senadora nacional por el Partido Obrero.