El Gobierno provincial ofreció a los gremios en general, incluyendo a los de la Salud, un porcentaje que excede la inflación real estimada para 2015 y compromete sus posibilidades financieras. Repite un error político y echa por la borda las reiteradas proclamas de no ampliar la ya abultada planta estatal, y evade también la Ley de Responsabilidad Fiscal para ampliar la planta permanente del Estado, con lo que incurre en un acto legalmente cuestionable al modificar el cálculo del Impuesto a las Ganancias. Todo para garantizar un 1 de mayo en paz y para cerrar el último año de gestión sin más contratiempos.
En el medio del Ejecutivo y de la conducción gremial de ATE y Ampros, las bases. en una cantidad muy apreciable y contradiciendo la opinión de las cúpulas, conducidas por Raquel Blas e Isabel Del Pópolo, presionan para aceptar el 35%, valorando que todavía perciben sus salarios 2015 sin incremento alguno. De hecho, mientras algunos sindicatos aceptaron el 35% de aumento -como Judiciales-, ellos aguardan un desenlace similar, ya que consideran que este porcentaje está por encima de la inflación y, además, porque son conscientes de la realidad financiera de la provincia.
Lo que pasa en Mendoza se da en un contexto nacional en el que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no autoriza paritarias con más de 30% de aumento e incluso el ministro de Economía habla de un porcentaje inferior. El secretario de Comercio Interior, la semana pasada, sostuvo que si bien la inflación prevista por el presupuesto nacional para este año era del 16,5%, "podría llegar al 19%".
El 35% ofrecido de arranque en Mendoza supera con creces las previsiones y contemplaciones nacionales.
El panorama es tan complejo que, tanto los gremios -con ATE y Ampros a la cabeza-, como el Gobierno y los trabajadores son favorecidos y a la vez perjudicados a partir de la nueva propuesta que realizó el Ejecutivo y que será puesta a consideración de los estatales la próxima semana. Aquí, un desglose de la "verdad real" detrás de la última paritaria que afrontará la gestión de Francisco Pérez.
¿Por qué se podrían ver perjudicados los "beneficiarios" del aumento? Porque la demora en aceptar el 35% ocasionará que, al ser pagado en forma retroactiva, pierda el poder adquisitivo que provocará la inflación de dos meses. En efecto, si se acepta finalmente lo ofrecido por el Gobierno, cuando se abone, a fines de mayo, la remuneración de este mes se debería pagar también el aumento de marzo y abril. En el caso del primer mes mencionado, y ante una inflación prevista del 24% anual, los trabajadores tendrán una pérdida del 4% mínimo, mientras que sería del 2% para el incremento de abril. Además, un grupo de asalariados importante, debido a la suma del retroactivo, será pasible de los descuentos correspondientes por el impuesto a las Ganancias el mes en que lo cobren. Consecuencia indeseada para numerosos trabajadores por la demora en la aceptación de un porcentaje de aumento favorable.
¿Por qué puede ser un alivio para el gobierno mendocino que les descuenten Ganancias a los trabajadores que cobren el salario con el aumento acumulado en forma retroactiva? Porque eso le dará pie para que, en lo sucesivo, se les pida o permita desde los gremios pagar los aumentos en forma escalonada, para evitar esta consecuencia.
Con una deuda millonaria con proveedores -de miles de millones de pesos, según fuentes oficialistas- y con una dificultad evidente para pagar los salarios a tiempo, el Ejecutivo ofreció un 35% de aumento, por lo que deberá conseguir más de 2 mil millones de pesos en mayo para afrontar el pago completo, y luego una cifra muy superior a la de hoy en día (entre 900 y 1.000 millones); 1.350 millones aproximadamente por mes para afrontar la liquidación de haberes.
Pero, más allá del impedimento financiero, la oferta dirigida a los gremios esconde otros ribetes.
En primer lugar, hay un compromiso de enviar un proyecto de ley a la Legislatura para modificar el cálculo sobre el Impuesto a las Ganancias. Esto resulta ridículo visto desde la administración provincial, porque, en todo caso, es potestad del gobierno nacional retener una parte de los salarios que superen el mínimo no imponible. Aquí, la Provincia deberá tener presente que la AFIP reclamará la liquidación de estos haberes.
Si la Provincia debe pagar esos excedentes, estará, sin dudas, subsidiando a una élite de trabajadores estatales: la de los que tienen los mejores sueldos. No gana la masa de empleados del Estado ni Mendoza. Perdemos todos.
Asimismo, la voluntad de pasar a planta permanente a todos los empleados de la Salud -médicos, enfermeros y también administrativos- que ingresaron al Estado en los últimos dos años, más los de la Administración Central, entraría en contradicción con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impide nombrar agentes en el Estado dentro de los seis meses anteriores a las elecciones. Y engrosaría aún más la ya poblada masa de empleados estatales, blanqueando, junto a quienes tienen derechos legítimos de su incorporación, a una enorme cantidad de clientes de la política.
¿Por qué Mendoza se mueve en medio de una disputa tan poco programada y navega a la deriva? Puede ser que sus negociadores no sean hábiles, que se acepte el juego político que tiene un grupo de dirigentes sindicales, más allá de su rol gremial o el propio juego partidario del Gobierno, que podría querer no tener impacto con las protestas en medio de la campaña electoral o generar una "alegría virtual" en los trabajadores del Estado al pagarles un aumento retroactivo todo junto.
Este Gobierno decidió gobernar sin presupuesto. Le achaca la culpa a la oposición, que alguna responsabilidad tiene desde su rol legislativo. Pero, en todo caso, es mínimo frente a una posición del oficialismo que parece cómoda: no tener presupuesto permite gobernar por decreto, sostener situaciones de "emergencias" estipuladas por el anterior y mover partidas de un lado a otro sin control.
En cualquier caso, se está gobernando en forma irregular, se está jugando con la recaudación de los impuestos aumentados que pagamos todos los mendocinos, desvirtuando la constante apelación al no aumento del empleado público, y no se está fijando un horizonte a futuro que implique saber con qué se van a afrontar estas decisiones y en qué plazos.