El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel González, renunció a su cargo por "diferencias profundas" con el gobierno de Francisco Pérez. El joven camporista, considera que su área debía ser taratada como un tema "de Estado, pero no hubo acompañamiento en la decisión del Poder para poder lograrlo".
El 24 de marzo iba a ser "un día super importante", según señaló González, se pretendía inaugurar un espacio de la memoria en el ex centro de detención (D2), pero no tendrán la posibilidad de hacerlo, porque "no hubo acompañamiento".
A esa situación, González le sumó su indignación por casos de violencia institucional, por parte de las fuerzas de seguridad.
El, aún funcionario (en tanto no se acepte su "indeclinable renuncia"), mencionó las agresiones que habría sufrido Eduardo Rodríguez en agosto del año pasado en la comisaría 27, o "el caso de Gabriel Franco en General Alvear, chicos que aparecen muertos en las comisarias y que no tenemos la posibilidad de estudiar los hechos".
¿Máxima seguridad para los chicos?
González señaló que es inminente la inauguración de una "cárcel de máxima seguridad para menores de edad en Cacheuta".
A los menores de edad se los priva de la libertad para tratarlos, no como castigo.
"Se construyó una cárcel con diez celdas, y lugar para 20 personas. Son celdas cecas, sin agua y la distancia es un factor importante para reinserción, cómo los vamos a tratar correctamente si la familia no puede estar cerca", argumentó el subsecretario.
Se gastaron alrededor de 30 millones de pesos que se hubieran podido destinar a refaccionar el actual sistema que se encuentra en Montes de Oca.
González insiste en que el Gobierno no tiene falta de fondos, sino que faltó la decisión política para poner a los Derechos Humanos como algo prioritario. El funcionario destacó que el nuevo establecimiento necesitará la creación de 50 cargos que podrían haber servido para que el sistema actual funcionara correctamente.
A quien se nombre (en su lugar) le deseo la posibilidad de torcer el rumbo de algo que, considero no viene bien.
De acuerdo con González quedan muchas garantías que no se están dando a los ciudadanos, como es el pago de las pensiones de los ex-presos políticos (ley 8.395). Se trata de mas de 70 pensiones que no han sido pagadas desde el 2011 hasta la fecha y que al Estado no le significarían más de 300 mil pesos en total, ya que cada una ronda los 3.000 pesos.
"Quizás con mi renuncia el Gobernador entienda que no es maquillaje la cuestión de Derechos Humanos", finalizó el, por ahora, subsecretario de Derechos Humanos.