Agrupaciones de Derechos Humanos tomaron por la fuerza dos oficinas en el edificio del ex D2. Si bien se trata de parte del inmueble que pasó a estar en sus manos por decisión del gobernador Francisco Pérez, aseguran que por orden del procurador Rodolfo González aún hay policías trabajando en ellas.
Según manifestó a MDZ Ernesto Espeche, se vieron obligados a encerrarse en dichas oficinas y demandan que González ordene que se retiren los uniformados que trabajan allí.
Incluso, en el lugar se hizo presente el ministro de Desarrollo Social, quien intenta coordinar una solución para esta problemática.
"Estamos ocupando el lugar, porque si no lo van a tener ellos", lamentó Espeche. "Es una locura que este hombre tome decisiones por encima del gobernador", agregó respecto al procurador.
Si bien González siempre mantuvo un perfil bajo, en las últimas semanas su nombre a estado en boca de todos. Primero, la abogada Carolina Jacky pidió que lo sometan a juicio político por su inacción ante casos de violencia de género. Luego, el hermano del juez de la corte Omar Palermo, Franco Palermo, acusó a Rodolfo González de someterlo a "acoso laboral" y de evitar que ascienda.
Por si esto fuera poco, en medio del escándalo González ratificó la constitucionalidad de la ley 7722, tema sensible que era reclamado por las agrupaciones ambientalistas.
Ahora, el procurador se encuentra en medio de un nuevo escándalo por violar el acuerdo entre las organizaciones de Derechos Humanos y Pérez, que el último sábado realizó la entrega del edificio en el que se llevaron a cabo detenciones y torturas durante la última dictadura militar.