Luego de arduas negociaciones, el Ejecutivo provincial y los partidos de la oposición llegaron a un principio de acuerdo para resolver el litigio por el financiamiento de las campañas electorales. Para ello, tanto Francisco Pérez como Alfredo Cornejo debieron flexibilizar su postura y ceder terreno en sus pretensiones.
Tras los continuos embates y descalificaciones que ambos se propiciaron en los últimos meses, este miércoles la bandera blanca flameó en el cuarto piso del Poder Judicial. Allí, lograron el consenso necesario para impulsar una nueva norma que realice modificaciones a la ley que dio origen a las PASO: la 8619. Específicamente, el proyecto prohíbe el financiamiento privado en las campañas audiovisuales, pero lo autoriza para contratar publicidad en la vía pública y medios gráficos con un tope de 11 millones de pesos.
De esta manera, encontraron una salida alternativa al litigio desencadenado por el pedido de inconstitucionalidad del decreto 2.400, el cual hoy el Ejecutivo se comprometió a derogar para conseguir este acuerdo.
Esto significa una victoria a medias para ambas partes que lograron cumplir parcialmente sus objetivos. “Esto demuestra que, tal como estaba, la ley 8619 era de cumplimiento imposible”, esgrimió el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, luego de la audiencia. En este sentido, en el Ejecutivo celebran que no deberán afrontar íntegramente los gastos de campaña.
Por su parte, en el radicalismo saben que le ganaron un round a su verdadero enemigo: el tiempo. Si bien en la UCR estaban confiados en un fallo favorable de la Corte, la proximidad del inicio de las campañas exigía una pronta resolución al conflicto.
Con esta salida, el Gobierno evitó tener que hacer frente a la totalidad de los gastos de campaña, mientras que la oposición quedó conforme con que existan reglas claras para la competencia. Sobre todo porque las mismas los favorecen. Esto se debe a que, según lo que establece el proyecto, la publicidad en medios audiovisuales estará limitada por el monto que el gobierno le dé a cada partido.
De esta manera, para las PASO, 14 millones de pesos se repartirán entre Cambia Mendoza, el FpV, el Frente de Izquierda, “Es Posible” y “Partido Federal”. La mitad de ese dinero se distribuirá equitativamente entre todos los partidos, mientras que el otro 50% se otorgará de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por cada partido en las elecciones legislativas del 2013.
Ante este panorama, el precandidato Alfredo Cornejo parece quedar mejor parado que sus contrincantes. No sólo debido a que es el único aspirante de Cambia Mendoza, sino porque en el 2013 la UCR y sus aliados obtuvieron una contundente victoria en las urnas, que hoy se traducirá en más fondos para la agrupación.
Mientras tanto, en el justicialismo deberán dividirse entre Adolfo Bermejo, Guillermo Carmona y Matías Roby los minutos que podrán pagar en los medios audiovisuales con el dinero autorizado por el gobierno.
El proyecto será tratado este viernes en la Cámara de Diputados, mientras que el lunes pasará lo mismo en Senadores.
Rechazo del FIT
Por su parte, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) aclararon que no apoyarán este proyecto, al que calificaron de "chantaje que empeora la ley".
"Vamos a sostener nuestro pedido de inconstitucionalidad", señaló en este sentido Nicolás Del Caño. Principalmente, el candidato a intendente de Ciudad se opone a la posibilidad de utilizar financiamiento privado para las campañas en vía pública y medios gráficos, ya que entiende que eso deja a los partidos chicos en inferioridad de condiciones.