Avanzan los plazos para que los miembros del Poder Ejecutivo de la gestión anterior presenten sus declaraciones juradas ante la Fiscalía de Estado y, si bien más de la mitad de los ex funcionarios ya la presentaron, aún algunos destacados dirigentes están en deuda, entre ellos el principal impulsor de la medida, el gobernador Francisco Pérez.
Según indicaron voceros de la Fiscalía de Estado a MDZ, más de 200 ex funcionarios del gobierno de Pérez presentaron sus DDJJ a poco menos de un mes de vencerse el plazo establecido por el Decreto 1786/15 que entró en vigencia a partir del 17 de noviembre pasado. De hecho, es un importante avance frente a las apenas quince personas que lo hicieron a fines del mes anterior.
De todos modos, dentro de las primeras líneas del gobierno kirchnerista solo una parte ya cumplió con su deber: Rolando Baldasso (ministro de Infraestructura), Oscar Renna (Salud), María Inés Abrile de Vollmer (DGE), Cristian Bassin (Desarrollo Social) y Marizul Ibáñez (Cultura). Otros ex funcionarios importantes entre los cumplidores están Omar Parisi (titular del IPV), su esposa Marisa Garnica (Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial), Alberto Recabarren (OSEP) y Jorge Tanús (ex presidente de la Cámara de Diputados).
El resto aún no presentó sus DDJJ, entre los cuales se destaca el propio ex gobernador Francisco Pérez, quien fue en su momento uno de los impulsores de llevarse a cabo este tipo de medida. Tampoco lo ha hecho su entonces vicegobernador Carlos Ciurca ni los ex ministros Matías Roby, Javier Espina (Turismo), Juan Gantus (Hacienda) y Leonardo Comperatore (Seguridad), entre otros.
Los ex funcionarios que no han presentado sus DDJJ tienen tiempo de hacerlo hasta el día 14 de enero (ya que son 30 días hábiles y no corridos, como se había dicho en principio); mientras que los nuevos integrantes del Gobierno provincial, incluyendo al gobernador Alfredo Cornejo, tienen un plazo de 30 días hábiles a partir del día de su asunción. Aquellos que no lo hayan presentado en los plazos establecidos, serán intimados.
Además, el decreto hace extensivo la adhesión a los poderes Legislativo y Judicial, y a los municipios. Por el momento, la Fiscalía de Estado no ha recibido ninguna nota de estas instituciones, y solo algunos ex funcionarios de ellas han presentado sus DDJJ por voluntad propia.