El oficialismo juega una carrera contra reloj para tratar este martes en el Senado una nueva ley de Ética Pública. Se trata del proyecto de la senadora Daniela García (UCR), al cual durante la tarde del lunes le realizaron las últimas correcciones. "Si llegamos a terminarla avanzaremos con la posibilidad de su tratamiento", admitió el senador Marcelo Rubio. Para que esto ocurra, confiesa que deben terminar de darle forma a algunos puntos en particular, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una norma que deroga leyes y decretos anteriores.
En concreto, el nuevo proyecto plantea la necesidad de quitar responsabilidades a la Fiscalía de Estado en lo que respecta al control de las declaraciones juradas que presentan los funcionarios públicos y empleados que tienen a su cargo el manejo de fondos. Para este fin se crea una oficina especial, a la cual se denomina como Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. La misma estará bajo la órbita de una unidad legislativa, pero contará con autonomía funcional y presupuestaria.
Además de ello, el proyecto del oficialismo incluye otros artículos que apuntan a unificar el criterio de las declaraciones juradas de los distintos poderes del Estado y ampliar su obligatoriedad a conjueces, legisladores y sindicalistas, entre otros. Para ello, es necesario modificar tanto la ley 4418, la cual establece las atribuciones de Fiscalía de Estado, como el decreto 1789 del gobierno de Francisco Pérez.
Este último es el cual establece la obligatoriedad de las Declaraciones Juradas y define el universo de funcionario que deben presentarlas. Con la nueva ley no sólo se ampliaría el espectro, sino que se incluirían nuevas regulaciones, como la prohibición de que los funcionarios reciban regalos de terceros. Esto va en sintonía con el decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri mediante el cual se dispuso crear un registro de obsequios.
"Estamos afilando el despacho, pero la idea es tratarlo", destacó por su parte el senador Juan Carlos Jaliff, quien afirmó que se trata de un proyecto que fue elaborado en conjunto con Fiscalía de Estado y el PJ. "Se ha estado trabajando entre Marcelo Rubio, Daniela García y María José Ubaldini", explicó el legislador del oficialismo. Incluso, agregó que se ha dialogado al respecto con el fiscal de Estado Fernando Simón.
"Hasta el último borrador que pude ver, no se observaban problemas de legalidad en cuanto a su implementación", subrayó Simón a MDZ, y confesó que Fiscalía de Estado se vio desbordada con el control y carga de datos de 4.000 funcionarios. En lo que si esbozó algunos reparos fue en el traspaso de poder de la Fiscalía Administrativa para que esta nueva Oficina se haga cargo del seguimiento de sumarios.
Una ley que se hace esperar
Si bien desde hace tiempo se discuten distintos proyectos de Ética Pública en la Legislatura, ninguno pudo ser sancionado. Uno de los mismos fue presentado por Fernando Simón cuando se desempeñaba como senador, pero dejó el recinto sin que existan novedades al respecto.
Desde ese nuevo rol colaboró codo a codo con el ex gobernador Francisco Pérez en la confección del decreto 1789, mediante al cual comenzaron a implementarse las declaraciones juradas en la provincia.
A partir de entonces varios organismos han ido sumando su propio régimen de declaraciones, como la Justicia y algunos municipios.
En el caso del Poder Judicial, el 14 de junio de 2016 los magistrados hicieron públicos los bienes que poseen. Así lo estableció una acordada de la Suprema Corte, que dispuso la obligatoriedad y publicidad de las mismas.
Uno de los objetivos de la nueva ley es unificar los criterios que existen entre los distintos poderes del Estado para declarar el patrimonio.