A poco más de un mes de dejar el gobierno, Francisco Pérez logró cumplir con una de las promesas que había esgrimido el 1 de mayo en la Legislatura provincial. Tras largas idas y vueltas, este miércoles se oficializó el decreto que obliga a los funcionarios públicos a entregar una declaración jurada de sus bienes.
Ante las trabas que sufrió en la Casa de las Leyes el proyecto de ley que el propio gobernador había presentado años atrás, el mandatario decidió implementarlo por decreto buscando transparentar la ética pública.
A través del decreto 1.789, se solicita la implementación de una Declaración Jurada Patrimonial para todos los funcionarios del Estado.
Entre sus considerandos, el texto establece que "la presentación de la declaración jurada patrimonial, que como obligación se instituye a través de este decreto, es solo una herramienta más entre muchas otras para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública como fuente de autoridad y ejemplaridad social".
Incluso, hace referencia a la existencia de "varios proyectos de ley en nuestra Legislatura Provincial, los que no han podido ver la luz debido a la falta de acuerdo entre los distintos actores que la forman, impidiendo contar con una normativa a tal efecto".
El fiscal de Estado, Fernando Simón.
Además, establece que deberá contener los mismos datos que solicita la AFIP para la declaración de ganancias y bienes personales, y delega en Fiscalía de Estado la tarea de realizar el formulario correspondiente y determinar las fechas de entrega.
Justamente, será la Fiscalía de Estado la encargada de recibir las declaraciones juradas y publicarlas en su página de internet. Quienes no hagan las presentaciones correspondientes, podrán ser separados de su cargo.
El decreto está firmado por el gobernador y todos los miembros de su gabinete, los cuales tendrían que entregar sus propias declaraciones juradas antes de que finalice la gestión el 9 de diciembre. Por otra parte, lo mismo deberán hacer los funcionarios que asuman junto a Alfredo Cornejo a fin de año.
Un largo recorrido
El anhelo de Pérez era que la Legislatura sancionara una Ley de Ética Pública, pero ante la falta de respuesta de los legisladores decidió impulsarla por decreto.
Así lo había manifestado el 1 de Mayo del 2013. Allí, Pérez anunció la presentación de una ley de ética pública y aseguró que se obligaría a todos los funcionarios públicos a dar a conocer sus declaraciones juradas.
A pesar de que ya existían proyectos similares de legisladores de la oposición, el de Pérez no prosperó y quedó "cajoneado" en la Casa de las Leyes. Si bien hubo varias diferencias, el punto principal de discordia fue quién y cómo controla las declaraciones juradas y las sanciones en caso de incumplimientos o irregularidades.
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