Son personas comunes que, en algunos casos, "viven de esto": aportar datos a la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC) de la provincia. Al igual que en la ex SIDE, hay equipos: funcionarios y "caciques" policiales que tienen sus informantes o, como son conocidos vulgarmente, buchones. Un dato de éste, una información de aquél y si se obtiene algún éxito a partir de su colaboración, cobran su "recompensa" sin que nadie -ni el lector, ni el periodista- sepa cuánto se gastó en cada caso.
Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, el gobernador Francisco Pérez cuestionó la falta de transparencia de la ex SIDE y destacó la necesidad de transparentar el organismo. Sin embargo, la "oscuridad" también caracteriza a las tareas que realiza la DIC -a cargo de Héctor Madeo- con sus fondos reservados, millones de pesos que gasta sin necesidad de justificarlo, más allá de no poder exceder un determinado presupuesto.
Capos de los barrios, ladrones arrepentidos, trabajadores de la noche, presos, prostitutas y civiles en general son los que colaboran con la Policía local en varios operativos exitosos donde, bajo la excusa de confidencialidad, se oculta la participación de informantes y ni siquiera se aclara en cuántos casos fueron útiles sus aportes. La respuesta de las autoridades siempre es la misma: "es secreto".
"Si no es 'papa' (pistas falsas), cobran al toque", definen fuentes policiales, en referencia a la contraprestación que reciben los "soplones" por parte del Ministerio de Seguridad que, para este año, contará con 7 millones de pesos de fondos reservados. Este dinero también debe utilizarse para pagar recompensas oficiales, pero el año pasado el Gobierno no pagó ninguna.
La rendición de estos gastos no representa complejidad alguna: las autoridades justifican ante el Tribunal de Cuentas que se gastó lo autorizado en el Presupuesto, sin decir cómo, ni en qué causa. En cierto punto, resulta lógico no brindar grandes precisiones: ningún informante va a emitir una factura al Ministerio de Seguridad. Pero el Gobierno ni siquiera informa cuánto dinero gastó en cada investigación, ni la efectividad de los datos obtenidos. Y bajo este panorama, surgen algunas sospechas.
En este sentido, en 2011 -año electoral- el Ministerio de Seguridad duplicó los fondos reservados (de 2,5 a 5 millones). "¿Cómo justificás que no se trata de una 'caja' política"?, se preguntó, sugestivamente, el presidente del la Bicameral de Seguridad, Héctor Quevedo (UCR), y agregó: "Estos gastos no tienen control y en casos son sospechosos, sobre todo cuando ves que no existe un trabajo serio en inteligencia".
Comperatore: "Se reserva información para que no ande dando vueltas"
En diálogo con MDZ, el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, remarcó que la identidad y las actividades de los civiles que aportan datos se resguarda por cuestiones de seguridad, lo que resulta lógico. Sin embargo, también se apoyó en este argumento para no brindar mayor información sobre la cantidad de casos que se resuelven bajo esta vía ni sobre los recursos que se gastan en cada investigación.
Comperatore dispone de 7 millones de pesos de fondos reservados.
"Tenemos el control del Tribunal de Cuentas, pero se reserva información para que no ande dando vueltas", dijo Comperatore, quien confirmó que en 2014 se gastaron 500 mil pesos por mes.
Paralelamente, en Mendoza funciona una sede de la Secretaría de Inteligencia -se disolverá tras el anuncio de Cristina- que trabaja principalmente en coordinación con la Justicia Federal que, a su vez, utiliza la estructura de la Policía de Mendoza. De todos modos, Comperatore señaló que prácticamente no tienen vinculación con la ex SIDE. "Trabajamos directamente con la Dirección de Inteligencia Criminal de la Nación", sostuvo.
Alternativas en busca de más transparencia
Como contrapartida a este cuadro, en 2005 se intentó llevar a cabo un proyecto de ley para darle mayor transparencia a las tareas de inteligencia. En aquel momento, Daniel Cassia (actual diputado del Frente Renovador) y el ex senador Roberto Ajo (PD) plantearon la creación de una Central de Inteligencia mendocina auditada por la oposición. Sin embargo, en su momento, no se avaló la idea.
Japaz, primer director de Inteligencia.
Otra iniciativa que terminó desvirtuada fue la creación en 2003 de la Dirección de Inteligencia Criminal. "De sus objetivos y estructura originales basada en la conducción civil, se ha desvirtuado hacia un organismo policial más. Si bien no hay referencias a su utilización como herramienta de inteligencia política, sí hay un evidente desvío hacia la función de policía judicial privativa de la Dirección de Investigaciones", dijo el primer director del organismo, Marcelo Japaz.
"Mendoza necesita contar con un Plan Anual de Reunión de Información y la Comisión Bicameral de Seguridad necesita conocer no sólo dicho plan, sino también las estimaciones de inteligencia que lo sustentan en una etapa previa o concomitante al tratamiento del presupuesto del Ministerio. Sin esa información no hay control posible", añadió.
Venier se fue de la DIC enemistado con Ciurca.
Por su parte, el director de Inteligencia de Celso Jaque, Gianni Venier, señaló que el organismo iba en crecimiento hasta que se impuso "una drástica reducción de su personal". "La infiltración del poder hizo mella en la búsqueda de información delictual que, tarde o temprano, termina enredándose en la política y en sus protegidos. Un eficiente servicio de inteligencia criminal comprende las causas del delito, por tanto suena temible para, entre otras cosas, la corrupción estructural", continuó.
"Para que cumpla su cabal función requiere independencia y fuerte inversión en tecnología y recursos. No es difícil, sólo se requiere sana voluntad de hacerlo", analizó Venier.