Luego del fallo del máximo tribunal mendocino que le impide al gobierno provincial tomar deuda, se evalúa no seguir adelante con ciertas construcciones relacionadas a la infraestructura y viviendas.
Después de que el gobierno de Mendoza anunciara que quedará paralizada la obra pública en la provincia, y a pesar de la importancia que le ha dado Francisco Pérez a la política de vivienda, el Gobierno provincial evalúa suspender la construcción de aquellos barrios que están por debajo del cincuenta por ciento de ejecución.
Según el ministro de Infraestructura de la provincia, Rolando Baldasso, “no se está sobreactuando ni se está haciendo nada que no haya sido vislumbrado. Acá se le ordenó al Gobierno paralizar dos posibles endeudamientos, que tienen que ver con las obras que se venían ejecutando”.
En comunicación radial con MDZ, el funcionario avisó que las últimas declaraciones sobre paralización de obras y viviendas “no es una estrategia, hay una imposibilidad de caja, en este momento la provincia no tiene caja para pagar”.
El hilo se corta por la obra pública.
Además, Baldasso contó que recientemente, “los radicales propusieron endeudarnos en descubierto con el Banco Nación a una tasa que es el doble de lo que habíamos conseguido previamente”.
En relación a las viviendas, el ministro aclaró que “los fondos nacionales lo tenemos para las viviendas, pero hay un tercio de fondos, los provinciales, que se caen, al igual que algunos internacionales”.
En relación al polémico inciso B del nuevo artículo 80 de la ley de contabilidad, Baldasso expresó: “El inciso B habla de los programas crediticios tomados anteriormente con aprobación legislativa y pidieron no aplicarlos; cuando nos notifiquen pediremos aclaratorias correspondientes”.
Posteriormente, Baldasso apuntó: "Yo creo que los que han redactado el dictamen han sido mal asesorados por alguien”, dijo, sin dar especificaciones.
“No es solo que nos ganaron porque no nos dejaron tomar endeudamiento, perdieron los mendocinos y perdieron muchas empresas. Va a quedar gente complicada en sus puestos laborales, para mí esto es un sufrimiento”, añadió el ministro.
Por su parte, el diputado nacional por la UCR y economista, Enrique Vaquié, uno de los que elaboró un presupuesto alternativo, aseveró que el gobierno está haciendo “un escándalo público” innecesario, y que Pérez puede utilizar la anterior ley de contabilidad.
“La provincia tiene que tener presupuesto, pero el que no quiere es Pérez. Nosotros le hicimos uno y no lo quiso, y con un financiamiento que dice la Constitución”, dijo el radical, también a través de MDZ Radio.
Hay que tener una discusión presupuestaria seria y madura y terminar con esto, porque si no los que sufrimos somos todos los mendocinos.
Vaquié aseguró que “el inciso B es una modificación que incluyó Pérez en abril de este año. Poco antes estaba vigente la vieja ley de contabilidad que permitía hacer obra pública y financiamiento. Lo que debe hacer el gobierno es usar la vieja ley de contabilidad y no la modificación que hizo Pérez, la cautelar es sobre la nueva ley”, agregó Vaquié.
“Y si tienen alguna duda, que presenten una aclaratoria a la Corte, en lugar de hacer todo este escándalo público, como que viene el cuco”, manifestó el diputado nacional.