El kirchnerismo presentó en las últimas horas un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para regular las protestas callejeras, que incluye una amnistía para todas las personas juzgadas por manifestaciones sociales desde 2001 hasta la actualidad, aunque la iniciativa también recibió fuertes críticas de la izquierda.
La iniciativa, de las diputadas Diana Conti y Alicia Comelli (del aliado Movimiento Popular Neuquino (MPN), fue elevada luego de la polémica generada la semana pasada por la iniciativa del chaqueño Juan Manuel Pedrini (también firmada por Conti y Carlos Kunkel), que fue repudiada por la izquierda y de la que tomó distancia el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El proyecto, que surge a partir de un pedido de la presidenta Cristina Kirchner para avanzar en una propuesta de "convivencia urbana", crea una "Comisión de Mediación" para intervenir en los conflictos que tengan como causa reivindicaciones sociales o políticas "con exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto y cuya solución competa al Estado Nacional o pueda ser facilitada por él".
Quedan incluidos, sin embargo, "los cortes de ruta, las movilizaciones populares, la interrupción del tránsito terrestre, naval o aéreo, la toma de establecimientos públicos o privados, la ocupación de inmuebles y cualquier manifestación análoga".
Esta comisión funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia, se integraría con representantes designados por el Poder Ejecutivo y tendría como objetivo mediar ante ese tipo de conflictos, elaborando un acta "en la que conste el éxito o el fracaso de la misma, así como los compromisos asumidos por las partes".
El proyecto establece que cuando la protesta se realiza sin violencia "no se podrá hacer uso de la fuerza pública sin intervención previa de dicha Comisión, ni durante el transcurso de la mediación".
"Si se arriba a un acuerdo como resultado de la mediación, no serán punibles las conductas vinculadas al conflicto. Si ella no tiene éxito, se hará una intimación ordenando el cese de las acciones que afectan derechos de terceros, y sólo si la orden no es obedecida se podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer cesar la comisión de los delitos".
Pero lo más novedoso de la iniciativa de Conti y Comelli es que contempla uno de los principales reclamos de los partidos de izquierda: propone declarar "la amnistía de todas las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, producidas a partir del 10 de diciembre de 2001" hasta hoy.
Sólo se deja afuera de ese perdón a aquellos que hayan cometido o estén acusados de "delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas".
"El proyecto del diputado Pedrini que acompañamos, que sienta bases importantes para la discusión. Pero este que ahora presentamos basadas en una vieja propuesta del diputado (m.c) Massei, aporta buenas ideas que involucran también al Poder Judicial y al Ministerio Público", sostuvo Conti en un comunicado.
Sin embargo, el diputado nacional del Partido Obrero Néstor Pitrola, integrante del bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), denunció que "Conti y Comelli ofrecen una zanahoria para hacer pasar el garrote de la represión a las
manifestaciones populares".
"Su proyecto incluye una amnistía a los procesados por luchar que no merecen ninguna amnistía porque no cometieron ningún delito, sólo salieron a reclamar por sus reivindicaciones. Se trata además de una versión más sofisticada del mismo cinismo de Kunkel. No se penaliza más, directamente se reprime a la manifestación, luego de una mediación que está en manos del Estado destinatario de la protesta o el reclamo", señaló Pitrola en un comunicado.
El diputado, que participará el próximo martes de la presentación de un proyecto de extinción de causas por protestas sociales, agregó que "Conti y Comelli quieren confundir con más proyectos de presunto consenso para hacer pasar el debate y
luego la ley antimanifestaciones, que ataca el derecho de huelga" y agregó que "esta vuelta de tuerca represiva busca hacer pasar el ajuste, los despidos y la miseria social creciente".
Por su parte, el diputado del FIT Nicolás del Caño sostuvo que "el último proyecto presentado por Conti es un chantaje", ya que si bien "tiene un artículo que amnistía a casi todos los luchadores populares", se aplica "sólo si se acepta la
regimentación que quiere imponer el gobierno kirchnerista sobre las medidas de lucha del pueblo trabajador".
"También lo rechazaremos por inadmisible para los que defendemos las libertades democráticas", concluyó Del Caño.