Las irregularidades que existen en las contrataciones del Servicio Penitenciario de Mendoza han quedado en evidencia luego de que saliera a la luz el caso de Gaspar Contreras. En los últimos años, la institución ha sido utilizada para el ingreso de personal a planta del Estado bajo un régimen especial y sin tener que realizar concursos ni dar explicaciones. Esto ya ha sido denunciado por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), desde donde aseguran que de los 210 empleados del Servicio Penitenciario, 124 fueron adscriptos a otras dependencias.
El escándalo involucra a cientos de personas, entre las que figuran familiares directos de funcionarios e incluso de legisladores y referentes de la oposición. Todos ellos cobran bajo el régimen de los empleados penitenciarios, a pesar de que se desempeñan en otras áreas del Ejecutivo o, directamente, se han reservado el cargo para el futuro.
En el mes de noviembre el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, contestó un pedido de informes de la Legislatura y envió un listado del personal del Servicio Penitenciario. Lo curioso es que en el mismo se deja constancia de que más de un centenar de trabajadores se desempeñan en cargos que nada tienen que ver con las funciones para las cuales fueron designados.
De la misma manera que hoy Gaspar Contreras figura en un cargo en la "Secretaría General de la Gobernación" (según el documento que envió Lafalla), hay hasta funcionarios políticos de segunda línea en Desarrollo Social.
Por ejemplo, Juan Guevara figura en el listado con la jerarquía de Agente, pero se desempeña en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Adriana Morón Sosa tiene la jerarquía de Suboficial Subayudante, pero actualmente trabaja en la subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. Por otro lado, Pablo Moreno Ballén, que tiene la jerarquía de Adjutor, hoy es empleado de la Casa de Mendoza.
Otro dato llamativo que se desprende del mismo listado es que diez de los asesores jurídicos con los que hoy cuenta el Ministerio de Gobierno, también están jerarquizados como personal del Servicio Penitenciario. Lo mismo ocurre con seis empleados de la Jefatura de Gabinete y cuatro secretarias privadas del Ministerio.
Según el secretario General de Sitea, Víctor Hugo Dagfal, estos polémicos nombramientos responden a dos motivos. Primero, este procedimiento le permite al Ejecutivo incorporar personal a distintas áreas, a pesar del decreto que congela los ingresos a planta. Pero sobre todas las cosas, Dagfal subrayó que los salarios que perciben los empleados del Servicio Penitenciario en algunos casos triplican a los de la administración central. “Son acomodos y hace rato lo venimos diciendo”, sostuvo el gremialista.
Se van, pero se quedan
Hay casos en los que los "penitenciarios" dejan su puesto para ocupar algún cargo político superior. Sin embargo, dejan abierta la puerta para retornar cuando el destino lo depare.
Ése es el caso de la senadora María José Ubaldini, quien en julio del 2008 fue designada como agente del Servicio Penitenciario pero en septiembre del mismo año, al ser nombrada directora de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, se reservó el empleo en el Servicio Penitenciario.
Ubaldini no es la única que hizo uso de esta opción. Al igual que ella, también se reservaron el cargo José Alejandro Vanzo, Paula Andrea D'Alessandro Vilches, Gustavo Federico Flores Corvalán, Juan Leandro Carrillo Soler, Vanina Soledad Abraham García, María Soledad Benegas, Daniel Ignacio Diserio, Mariana Mercedes Gardey y Cecilia Juri Bombini.
Estos nombres figuran en el listado del Personal Penitenciario, donde consta que tienen la jerarquía de Agente.
Orellana se defiende
Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, aseguró que durante su gestión se ha concedido una sola adscripción y evitó a referirse a lo que se hizo en el pasado.
“Yo le he pedido a las autoridades que no se den las adscripciones, porque esa es mi política”, sostuvo el funcionario.
En este sentido, el 23 de diciembre envió una nota al subsecretario Sergio Bonsangue en la cual remarca que la política del Servicio Penitenciario es “no adscribir a personal penitenciario a otras instituciones de Gobierno en virtud de la necesidad creciente de los efectivos de seguridad”.
De todas maneras, aclaró a MDZ que en enero se nombrará a otros 150 agentes penitenciarios para fortalecer el sistema.