Sin aceptar la creciente inseguridad en el país, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer el envío al Congreso del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que supuestamente prevé procedimientos más duros que el actual. La jefa del Ejecutivo nacional atendió a uno de los temas que más preocupan a la sociedad y desplegó todas las frases convenientes de cara a las elecciones del año entrante.
La primera mandataria habló ayer por la noche en cadena nacional desde la Casa Rosada y destacó que este instrumento legal es reclamado por fiscales y jueces, y la sociedad en general. "La novedad es que las víctimas no serán meros querellantes sino que podrán participar en el proceso", dijo la Presidenta.
La jefa del Estado destacó que el nuevo Código incluye la expulsión de extranjeros que comentan delitos y sean sorprendidos in fraganti. En estos casos, los extranjeros no podrán retornar al país por un lapso de 15 años. Si lo hacen, serán enjuiciados en la Argentina y deberán cumplir la pena. La propuesta presidencial va en consonancia por lo pregonado, hace meses, por el secretario de Seguridad, Sergio Berni.
Además, el proyecto otorga mayor protagonismo a las víctimas de delitos. "Si un ciudadano se siente desprotegido por el mal desempeño de un juez o un fiscal, tendrá con este nuevo Código elementos para recusarlos”, señaló la jefa de Estado.
En cuanto a la llamada "puerta giratoria" por la cual "los delincuentes entran por una puerta y salen por otra" el nuevo código establece la prisión preventiva en base a la naturaleza, circunstancia del hecho y la conmoción social que generó, y que además se tendrá en cuenta la reincidencia del delincuente.
"Este código va a significar un avance fundamental en el combate contra el delito", dijo la primera mandataria y precisó: "Esta ley que estamos enviando, en definitiva, es un instrumento de procedimiento ágil, moderno, demandado por la realidad que nos impone hoy un procedimiento gravoso y lento por el cual la sociedad se siente desprotegida".
Fernández de Kirchner indicó las investigaciones deberá tener un plazo de un año y el juicio oral iniciarse entre 5 y 30 días después de terminada la investigación. Si el juez y los fiscales no cumplen con los plazos van a tener sanciones graves como llegar al jury de enjuiciamiento, detalló.
En ese sentido, señaló que ya no será cómo ocurre en la actualidad que "cuando no pasa nada en un juicio, no les pasa nada ni al juez ni al fiscal". Además, explicó que en ningún caso el vencimiento de los plazos genera la extinción de la pena.
La jefa del Estado indicó que "el objetivo final es que el ciudadano tenga la certeza de que habrá instrumentos legales que lo protejan y que puedan reclamarle al juez y a los fiscales que actúen como es debido".
"Debemos actuar con celeridad", afirmó Cristina y sostuvo que "la demanda de justicia, de reparación, no tiene colores políticos" por lo que apeló a que "todos los componentes del parlamento" traten con "celeridad y responsabilidad" el proyecto de Código Procesal Penal.
La Presidenta insistió en dotar a la sociedad de un "arma legal" para protegerla de delito, y sentenció: "Quienes creen que con las armas de disparar se soluciona el problema del delito, están equivocados".