Durante la sesión de hoy de la Cámara de Senadores se aprobó la reforma del Código Procesal Penal. La votación que resultó con 30 votos a favor y 2 negativos pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, participó de la sesión acompañado por el subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino.
La iniciativa del Ejecutivo, le agrega atribuciones a los ayudantes fiscales que ya trabajan en la Justicia penal, de esta forma ellos participarán de audiencias y decidirán por los archivos de las causas, entre otras cosas.
Por otro lado, se ampliarán las audiencias orales, para evitar papeleos, y en estas los fiscales y defensores podrán exponer sus argumentos ante el juez para que decida en el momento. Es decir que se amplia la "investigación penal preparatoria".
Además, las notificaciones de decisiones judiciales a los detenidos se darán en el mismo penal, a fin de ahorrar en papeleo y logística. Hasta hoy, para avisar un cambio de carátula o cualquier medida se llevaba a los presos a Tribunales.
La figura del "querellante particular" también sufrirá cambios ya que tendrán más margen de acción para darle más derechos a las víctimas: podrán intervenir desde el principio del proceso y podrán pedir pruebas y plantear líneas de investigación.
Adrián Reche (UCR) explicó aspectos legales de este proyecto del Ejecutivo. De acuerdo a la iniciativa, tras la imputación formal se le notificará al imputado, quien podrá oponerse en el término de tres días. El pedido será resuelto por el Juez de Garantías en audiencia oral. Otra de las modificaciones al Código Procesal Penal, hacen referencia al número de defensores, indicando que "el imputado podrá designar el número de abogados que considere necesario, pero no podrán actuar simultáneamente más de dos en un mismo acto procesal. La notificación hecha a uno de ellos valdrá para todos, y la sustitución del uno por el otro no alterará trámite ni plazos".
Por otro lado, el senador Miguel Bondino (UCR), fue el miembro informante de esta iniciativa que se presentó en el recinto. "Este proyecto de ley corresponde a una iniciativa del Poder Ejecutivo, al igual que los anteriores siete proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad pública, todos han sido enviados por el Ejecutivo".
Y agregó que "no hay duda que estamos asistiendo a un cambio cultural". "Quiero agradecer a la oposición que en todos los temas que han tenido que ver con la seguridad pública han acompañado, esto es de suma importancia y los resultados se verán en el corto, mediano y largo plazo. Sin dudas va a dar sus frutos y buenos resultados", dijo.
Asimismo María José Ubaldini (FPV-PJ), opinó sobre la iniciativa del Código Procesal Penal. "Hicimos como en cada uno de los proyectos enviados por el Ejecutivo nuestras observaciones por escrito. Hemos tenido la posibilidad de deliberar con más tiempo esta iniciativa del Ejecutivo. Varias cabezas piensan más que uno", aseveró.
Víctor da Vila (FIT) habló sobre la autoridad que van a tener los ayudantes fiscales a partir de ahora. "Los trabajadores judiciales no han sido tenido en cuenta en esta discusión, el problema de la celeridad esta en las oficinas fiscales. Es necesaria la creación del cuarto turno de los trabajadores, tienen que desarrollar sus funciones en condiciones óptimas. También se vulnera la carrera judicial, rechazo este proyecto", afirmó.
Y para justificar su voto negativo, Noelia Barbeito (FIT), consideró que con la reforma "se quiere ampliar la persecución por parte del Estado". "Se delega la acción penal, algo que a nosotros no nos parece correcto. Si bien hay medidas que están bien, es un plan en conjunto del gobierno de demagogia punitiva", finalizó la legisladora.