La gremialista, Raquel Blas, ratificó la medida de fuerza que se realizará mañana, previo a las definiciones que tomará el ejecutivo provincial sobre los pedidos solicitados por ATE Y AMPROS. Además pidió que se investigue a una administrativa por los fondos destinados a la fibrosis quística y divulgó posibles extorciones dentro del tribunal de cuentas y trabas en las auditorias a este.
“Mañana el gobierno tiene que responder a los requerimientos solicitados, esto tiene que ver con los pases de alta, el blanqueo salarial de los trabajadores y el tema de mayor dedicación. Además, se mantiene pendiente el tema del bono que habíamos firmado para fin de de año. Comentó Blas.
Y destacó: “Hemos intentando destrabar estos puntos en reunión sin conflicto, pero recibimos agresiones del paritario del Ministerio de Salud hacia los trabajadores. Por esto nos hemos expresado al gobernador en una comunicación directamente.
Blas, también habló del uso de los recursos destinados a la fibrosis quística, los cuales provienen de la recaudación del casino provincial.
“Le hemos pedido a la Fiscalía de Estado, que investigue a una administrativa del casino, que no se sabe qué función desempeña, pero que el monto de su salario está muy por encima de un administrativo normal, bajo contrato o bajo cargo permanente” , Apuntó la representante del gremio de la Salud.
Sin pelos en la lengua y dirigiéndose directamente a la autoridades de ese organismo, comentó: “Queremos saber qué ha pasado con estos recursos, si se han pagados estos montos y en concepto de qué. Por eso le hemos pedido al fiscal de Estado que investigue lo que nunca investiga”.
Y destacó: “De los contrario, habrá que derivar nuevamente otro caso a la justicia penal”.
Sobre la denuncia de las trabas en las auditorias al tribunal de cuentas, Raquel expuso que fueron discutidas en la mesa paritaria, pero que a pesar de ello ejercen extorsiones sobre algunos trabajadores.
“Hay trabas en las auditorias, pero una particularmente y es el uso extorsivo que hacen los miembros del tribunal de cuentas, con el pago de un estimulo propio del tribunal, el conjunto de los empleados tienen que ser sometidos a una calificación absolutamente arbitraria por el director de turno y encima los directores están exentos de evaluación”, apuntó Blas
Y aclaró: “Esta presión no es una presión verbal, se relaciona a la corrupción en la arbitrariedad”.
Según lo comentado por la gremialista, el 40 % del personal está sujeto a la subjetividad del director de turno, que a la vez está exentó de ser evaluado.
“Cuando se quiere castigar a alguien se le baja la calificación arbitrariamente, esto produce un daño salarial importante, lo que hace que la persona tenga que pensar dos veces antes de actuar y esto para un organismo de control es absolutamente grave”, culminó Raquel.