Alejandro Campos, un empleado que lleva 24 años en el Instituto Provincial de Juegos integrante de ATE, dijo a MDZ On Line que en el Casino se posiciona a los hombres que cuidan los intereses del empresario Daniel Vila. Aseguró que el ascenso de Ricardo Rodríguez Figueroa, de gerente de Tragamonedas a gerente de Fiscalización y Control, es una prueba de ello, aún cuando el directorio dio marcha atrás con esa designación.
“La realidad es que en el Casino posicionan nuevamente a la gente de Vila”, fueron las palabras del empleado, que hace un año tiene licencia gremial, ya que es vocal de la comisión directiva de ATE.
“La realidad es que en el Casino posicionan nuevamente a la gente de Vila”, fueron las palabras del empleado.
Campos y la secretaria general de ATE, Raquel Blas aseguraron que la designación de Rodríguez Figueroa viola el acuerdo paritario y aseguraron que denunciarán esta situación ante la Subsecretaría de Trabajo.
Contrato renegociado
Campos junto a Orlando Francisco Sánchez –otro empleado- presentaron ante el director del Instituto, Carlos Bianchinelli, una denuncia por presuntas irregularidades en la renegociación del contrato de tragamonedas. En la misma solicitaron abrir sumarios administrativos contra Ricardo Rodríguez Figueroa e Ítalo Salvador Pappalardo, a fin de investigar el papel que tuvieron en la renegociación.
Los denunciantes pidieron que se analice la renegociación del contrato.
Campos se preguntó por qué el director del instituto ascendió a Rodríguez Figueroa, cuando la Fiscalía de Estado aún no se expide sobre la renegociación del contrato de los tragamonedas. “Lo lógico es que lo hubieran separado del cargo hasta tanto termine la investigación”, aseguró.
Pese a esto, el propio Bianchinelli aseguró a MDZ Radio, que aceptó la renuncia de Rodríguez Figueroa a su nuevo cargo, aunque el hombre sigue trabajando porque es empleado de planta.
Los empleados denunciaron presuntas irregularidades en la renegociación del contrato por el alquiler de las máquinas tragamonedas, a nombre de la empresa Mendoza Central Entretenimientos S.A, vinculado al grupo Vila-Manzano.
Esa renegociación determinó que la firma incrementara el porcentaje de recaudación que percibía de 26% a 47%.
Esa renegociación determinó que la firma incrementara el porcentaje de recaudación que percibían de 26% a 47%.
Según consta en la denuncia, la empresa Mendoza Central Entretenimientos S.A. es una sociedad constituida con un capital de 20 mil pesos por dos firmas: Cirsa Internacional Gaming Corporation S.A. y Gestión de Juegos Integral S.A.
Bajo la lupa
Además de pedir que se analicen los términos de las renegociación, los empleados señalaron la necesidad de investigar la actuación de Rodríguez Figueroa y Pappalardo - asesor legal- en esa renegociación.
La renegociación incrementó las ganancias de la empresa de 26 a 47%.
En el escrito dan cuenta de la historia de Rodríguez Figueroa en el Instituto y aseguran que durante la gestión del ex presidente, Daniel Pereyra, pasó de denunciante por la falta de homologación de las máquinas tragamonedas, a ser uno de los gerentes afines al presidente.
También detallaron que Pereyra creó para Rodríguez Figueroa el cargo de gerente de Tragamonedas, puesto que ocupó desde fines de noviembre de 2010.
En el escrito también se denunció que Rodríguez Figueroa cobró durante dos años el adicional por estudios secundarios sin poseer el título, por lo que ingresó al instituto sin los requisitos exigidos por ley.
Además señalaron al hombre como el responsable de haber iniciado el expediente que permitió a la empresa operadora de los tragamonedas reclamar una renegociación del contrato, lo que no podía hacer porque se lo prohibían los pliegos generales de la licitación pública Nº124/03.
Los denunciantes plantearon que se podrían haber incorporado mayor cantidad de máquinas de última generación respetando el porcentaje de 26,23 de utilidad para la empresa, en el marco del contrato que estaba vigente.
“Rodríguez Figueroa prefirió proponer una nueva contratación, menospreciando los intereses públicos que afectaría, dejando de lado la contratación vigente y beneficiando sin justa causa a Mendoza Central Entretenimientos S.A.”, dice el texto de la denuncia.
“Rodríguez Figueroa prefirió proponer una nueva contratación, menospreciando los intereses públicos que afectaría, dejando de lado la contratación vigente y beneficiando sin justa causa a Mendoza Central Entretenimientos S.A.”, dice el texto de la denuncia.
Los empleados catalogaron como “dudosos” los argumentos esgrimidos en un informe por Rodríguez Figueroa, donde aseguró que la intención fue dotar al casino central de mayor máquinas tragamonedas y recuperar el mercado perdido frente a las salas privadas autorizadas por el entonces gobernador, Celso Jaque.
Incluso el ex gerente de Tragamonedas presentó un informe en el que detalló cómo afectaban los casinos privados al estatal, pasando del 23 por ciento de cuota parte del mercado al 18 por ciento. “Esto se traduciría en una reducción anual de beneficios de $15.000.000 y la provincia dejaría de percibir $5.000.000 en concepto de responsabilidad fiscal y los planes sociales dejarían de percibir $3.000.000”, se desprende del informe.
Los denunciantes aseguraron que los cálculos del informe fueron destruidos por la realidad que muestra el contrato, ya que “todo lo que dejó de percibir el Casino de Mendoza, pasó a las arcas de la empresa concesionaria, o sea que hubo una transferencia millonaria de beneficios del estado a manos privadas”.
Confitería y mejoras en el edificio
En la denuncia también se asegura que Rodríguez Figueroa propuso que los servicios de confitería y restaurante fueran adjudicados al proveedor de tragamonedas, sin llamar a licitación, violando las leyes vigentes.
Otro de los puntos que se trata en la denuncia es la remodelación del edificio del Casino, que debía realizar la empresa Mendoza Central Entretenimientos S.A. Para esto, se alquiló temporariamente un edificio para alojar las oficinas y así permitir la realización de la obra.
Bianchinelli aceptó la renuncia de Rodríguez Figueroa a su nuevo puesto.
“Este planteo de Rodríguez Figueroa, referido a una reformulación edilicia, sólo le ha generado cuantiosos gastos al Estado, porque ha debido pagar el alquiler de una casa amplia en pleno centro para trasladar a su personal”, se lee en la denuncia.
Los trabajadores también detallan la actuación de Pappalardo, quien según sus dichos benefició al concesionario y le permitió realizar reclamos, que no podía hacer según el pliego original.
En el escrito, los trabajadores también solicitaron que se deje sin efecto la designación de Rodríguez Figueroa como Gerente de Fiscalización, a lo que Bianchinelli hizo lugar, según confirmó a MDZ Radio.
La cuestión de fondo -es decir la renegociación del contrato por el cual la empresa privada pasó de percibir 26% a 47%- está siendo analizada por la Fiscalía de Estado, quien determinará si hubo o no irregularidades.
El Instituto Provincial de Juego tiene actualmente unos 580 empleados de planta y 80 con contrato de locación. Controla los 9 casinos locales, la delegación en San Rafael y el casino central.