El Tribunal de Cuentas de Mendoza reabrió la polémica por el contrato de tragamonedas que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos firmó en 2011. Hubo sanciones para responsables "participantes", la mayoría ex funcionarios, y para Daniel Pereyra, quien en ese entonces era director del instituto público de juegos.
Avalándose en el argumento de que el proceso en el que se llevó a cabo la negociación, el llamado a licitación y la firma del contrato, violaron la Constitución. El tribunal de cuentas cuestiona los argumentos dados y sus investigadores ponen en la mira pública la justificación del proceso de cierre del contrato de los tragamonedas.
Por este motivo, sancionaron a varios funcionarios públicos involucrados en el tema, entre ellos el ex director del Instituto de Juegos y Casinos (ver documento al pie). Aun que las sanciones otorgada son simplemente administrativas, ya que este organismo no puede juzgar, ni penal, ni civilmente.
A través de un reciente fallo, el 16.070, el Tribunal de cuentas pide a las autoridades competentes del Instituto que argumenten la renegociación de los tragamonedas y el cierre del contrato de 2011. Previo a esto, se había solicitado un informe para cuestionar puntos de negociación, responsabilidad y precios acordados en el polémico contrato.
En la negociación que tuvo lugar hace dos años atrás y a través del convenio firmado se pasó de cobra el porcentaje del 26,23% al 43,85% por la concesión de los tragamonedas.
Es por ello, que los letrados cuestionan el caso debido a que en los últimos momentos de cierre de la licitación, se cambiaron las condiciones propuestas en el contrato anterior y se sobre evaluó el precio, lo que consideran dudoso. Además del fraude apuntado, por lo que se entiende la acción realizada por los funcionarios violó la Constitución.
La dudosa historia de negociación entre el Instituto de Juegos y Casinos y la empresa Mendoza Central Entretenimiento, comenzó en 2011 y finalizó con un contrato, en el cual estaba acordado por ambas partes el 43% del canon de los tragamonedas.
Previo a esto, hubo varias reuniones inconclusas y hasta un dictamen del Fiscal de Estado que luego concluyó en varias denuncias particulares.
Pese a esto el contrato se firmó y paralelamente desde ese entonces el Tribunal de cuenta investiga la obtención del contrato por supuesto fraude.
En el falló presentado por el tribunal, además de aclarar las sanciones monetarias que se le implementaron a los funcionarios, deja en claro otros cuestionamientos.
Por la ejecución del acuerdo que violó la Constitución, Daniel Pereira, ex director de Instituto fue multado con $10.000; los directores, Mauro Nasif y Esteban Navarro con $5.000, mientras que para el gerente técnico, Ricardo Rodríguez la sanción bajo a $4.000. Los gerentes generales, Horacio Miguel y Javier Martín solo tendrán que pagar $2.000.
El tribunal demás de las molestias económicas, les pidió a los funcionarios la justificación de los plazos de contratación y actuación, la incorporación de nuevas tecnologías en el proyecto y los motivos de renegociación del contrato y suba del canon a cobrar,
También ponen en la mira, los cuestionamientos económicos de recaudación, ya que en su justificación los ejecutores del acuerdo, expresaron que este contrato generaría más ingresos para el Instituto y hasta el momento el Tribunal dice que esto no es evidenciable ya que esto se destinó a pagos de personal, mantenimiento e infraestructura.
El tribunal apelará al fallo mientras continua con una investigación más profunda sobre el caso.