El intendente de Alvear, Juan Carlos De Paolo denunció ante la Justicia al Concejo Deliberante luego de que los ediles aprobaran un subsidio a una cooperativa como pago por el estudio para implementar una red de gas licuado en el distrito de Carmensa.
San Pedro Atuel -más conocido como Carmensa- cumplió en febrero pasado 100 años de vida y es uno de los distritos en General Alvear que todavía carece de algunos servicios básicos, como el gas.
Los 2 mil habitantes todavía se procuran la calefacción a garrafa y solo hay una industria, que emplea a 140 personas y con una caldera que funciona a fuerza de leña. Las promesas de instalar la red de gas natural han pasado por varios gobiernos de diverso signo político pero nunca se hicieron realidad.
En un año electoral, desde el Concejo Deliberante resurgió la iniciativa para dotar con un sistema de gas licuado a esa zona ubicada a 28 kilómetros de la villa cabecera.
La propuesta fue realizada por el edil radical Walter Marcolini -ex director de Cooperativas durante la gestión de Julio Cobos- que defendió la iniciativa sustentándose a su vez en las promesas incumplidas principalmente por la gestión justicialista.
"Se trabajo muchísimo y el intendente -por De Paolo- entiende que no le sirve", aseguró Marcolini. El edil radical explicó que la idea era crear una subdistribuidora de gas -recordemos que la única distribuidora oficial es Ecogas- pero asociada con el Estado municipal. "En diez años de gobierno de De Paolo nunca hicieron un estudio técnico", recalcó.
Aquí comienzan las complicaciones del proyecto, que el oficialismo remarca.
En principio, cómo se otorgaba una partida con fondos municipales para encarar el estudio de factibilidad de la obra.
El jueves pasado, el Concejo aprobó la ordenanza para otorgar un Aporte No Reintegrable de 200 mil pesos a la cooperativa Cecsagal -la misma que se encarga del servicio eléctrico en Alvear-. A su vez, esta cooperativa tenía que contratar a otra firma, Coprogas, para que encarara ese estudio. Y ésta, por último, tenía que pautar con el Estado municipal un acuerdo para realizar ese estudio abonado por la misma comuna.
Con el voto de cinco concejales -los radicales Marcolini, Enza Paradiso, Ernesto López Cafferatta y Leonardo Vignolo; el demócrata Ricardo Ferrero- y el aval del presidente del Concejo, Víctor Gutiérrez, el proyecto fue aprobado. Muy a pesar de las objeciones planteadas por los cuatro ediles del oficialismo, que quedaron en minoría y que señalaron que la norma era ilegal por la forma en que se aprobó.
La ordenanza tuvo poca vida. Este martes, el intendente De Paolo decidió utilizar su poder de veto para rechazar la ordenanza. El ANR nunca se hizo efectivo.
De Paolo consideró que no se puede realizar una contratatación directa por ese monto. Dada la cantidad de dinero puesta en juego -200 mil pesos-, la municipalidad tiene que llamar a concurso público. Esta fue una de las objeciones de los concejales justicialistas porque se estaba violando la ley de contabilidad.
Pero además, no está claro en el proyecto por qué el estudio de factibilidad costaba 200 mil pesos. No se adjuntaba presupuesto alguno. Con esta duda, desde el municipio realizaron una consulta a una firma privada, COM SA Ingeniería Servicios y Logística, para determinar el cálculo de este trabajo y las diferencias con la primera cifra eran muy llamativas.
Según este último presupuesto, la factibilidad costaba alrededor de 4.500 pesos.
Por el contrario, Marcolini destacó que no han violado ninguna norma y que las dos empresas convocadas se "sienten manoseadas" por el accionar del Ejecutivo municipal.
El concejal opositor retrucó el costo del estudio por 4.500 pesos y señaló que no violan la ley de contabilidad. Pero justificó el presupuesto de su propio proyecto:
Indicó que los 200 mil pesos servirían para costear el estudio de la planta, de la red de distribución y, además, la inscripción para obtener la autorización de los organismos nacionales como Enargas.
Por último, el veto del intendente se fundamentó en la forma en que la ordenanza fue aprobada.
Los ediles justicialistas cuestionaron que para aprobar una donación de fondos por parte del municipio, se necesita una mayoría especial, es decir, los 2/3 del cuerpo deliberativo. En este caso, la ordenanza fue aprobada por seis ediles cuando en rigor se necesitaban siete, de un total de diez. Y se hizo de manera nominal, incluyendo al presidente del Concejo, Gutiérrez.
Gutiérrez es uno de los ediles que motivó la ruptura en el justicialismo mendocino cuando decidió encolumnarse detrás del vicegobernador Carlos Ciurca. Gracias al apoyo de la oposición, hoy es el presidente del Concejo Deliberante, sin tener que responder a De Paolo.
Marcolini no desconoce esta situación y, por el contrario, la remarca.
"En el fondo está la pelea política con el presidente del Concejo. En el medio, están estas represalias políticas. Nos parece que se han equivocado de cabo a rabo. ¿Cuál es la comisión de delito? Ninguna. Están usando una pantalla para tapar la mala gestión".
Pero además del veto, De Paolo decidió denunciar ante la Justicia al Concejo Deliberante para determinar si hubo irregularidades que podrían tipificarse como delito en perjuicio del estado municipal.
Si bien están incluidos los justicialistas que le responden, está claro que con el voto negativo quedan desligados. Por ello, la denuncia apunta fundamentalmente a los ediles que aprobaron la medida y particularmente a Gutiérrez, que decidió dar vía libre al tratamiento luego de que esa ordenanza fuera rechazada en otras oportunidades por su antecesor, Gustavo Majstruk, hombre de confianza del Intendente De Paolo.
Majstruk es el mismo funcionario que vivió un insólito culebrón a principios de marzo de este año, cuando parecía que sería destituido y luego fue confirmado en su cargo.