El puntapié lo tiró el titular del gremio de empleados Judiciales, Julio Piumato, quien profundizó su rechazo a la reforma judicial que impulsa el Gobierno. Lo hizo al anunciar otro paro de 72 horas para esta semana y ratificar la movilización de la CGT Azopardo este miércoles al Congreso, cuando se debatirá la medida en Diputados.
Piumato comparó en ese mismo acto el proyecto con el de la "Ley Banelco", como se conoció a la polémica iniciativa de la flexibilización laboral durante los años de Fernando de la Rúa, y dio a entender que los diputados cegetistas Facundo Moyano y Omar Plaini votarán en contra de la denominada "democratización de la Justicia".
En una conferencia de prensa en la sede de la central de la calle Azopardo, el dirigente informó que luego del plenario de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que encabezó en ese edificio, se resolvió convocar a un nuevo paro de tres días que se iniciará este miércoles y concluirá el viernes.
A su vez, confirmó la marcha y acto que realizará la CGT que conduce Hugo Moyano a las 13.30 en las puertas del Congreso el próximo miércoles, jornada en la que la reforma judicial se debatirá en la Cámara de Diputados que, finalmente, podría dejar aprobada la medida.
Piumato detalló que "el abandono de tareas se va a realizar a las 11.00 de la mañana y al mediodía comenzará la marcha hacia el Congreso, en defensa de los derechos de todos los trabajadores, de los jubilados, del pueblo argentino y de la Constitución".
Al ser consultado sobre cómo van a votar Facundo Moyano y Plaini, el gremialista respondió: "Van a votar conforme a lo decidido en el consejo de la CGT. Ellos tienen libertad de conciencia y los dirigentes jamás traicionan al pueblo argentino, así que van a votar como corresponde".
En caso de que el paquete de seis proyectos se apruebe, tanto el gremio de Judiciales como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal adelantaron que presentarán una demanda ante la Justicia para frenar su puesta en marcha.
"Si (el proyecto de reforma judicial) llegara a salir, por la irresponsabilidad de diputados y senadores, para nosotros va a ser algo similar al efecto que tuvo la Ley Banelco", advirtió Piumato.
¿Es así? ¿Hubo dinero de por medio para sacar esta ley?
Por ahora, es aventurado decirlo. Lo que sí se sabe es que a la marcha y acto que se realizará el miércoles en el Congreso, la CGT moyanista movilizará a trabajadores de varios de sus sindicatos y contará además con la adhesión de la CTA de Pablo Micheli.
"La CTA dejó sentada su posición en contra de una reforma que de ninguna manera facilitará el acceso a la justicia de los sectores populares, sino que profundizará la judicialización de la protesta social como lo ha hecho la aprobación de la ley antiterrorista y, en el sentido de ir contra los derechos laborales, también la de ART", argumentó la central de Micheli mediante un comunicado.
Piumato aclaró que algunos puntos de la reforma kirchnerista que a priori podrían tener un visto bueno del gremio de Judiciales como el del ingreso democrático a la Justicia "fueron tomadas de un proyecto" que había presentado su sector, aunque se realizaron "modificaciones sustanciales que modifican su sentido".
A su vez, reiteró que "esta llamada reforma judicial afecta a todos los trabajadores argentinos, a los judiciales en particular, a los jubilados y a la independencia de Poderes que la Constitución establece como garantía de la democracia".
La historia de la "Ley Banelco"
El caso se remonta a abril de 2001, cuando el Senado Nacional aprobó una polémica ley de reforma laboral a la que se oponían el sindicalismo y parte del peronismo pero que era reclamada por el Gobierno de De la Rúa.
Moyano denunció públicamente que en una reunión en la que se negociaba la sanción de la ley, el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, había dicho que “para los senadores tengo la Banelco”, en una manera de llamar al pago de coimas haciendo referencia al uso de la tarjeta de retiro de dinero de los cajeros automáticos.
Luego Mario Pontaquarto, ex secretario administrativo del Senado, declaró ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado que retiró de la SIDE dos valijas con cinco millones de dólares que tuvo en su casa algunos días.
Hasta que la noche de la aprobación de la ley, 26 de abril, la llevó al departamento del entonces senador del PJ Emilio Cantarero.
Un entrecruzamiento de llamadas realizado por la Justicia comprobó que Pontaquarto había estado en los lugares que dijo, así que los celulares de los senadores acusados fueron detectados en la casa de Cantarero.
Además, el “arrepentido” declaró que hubo una reunión en la Casa de Gobierno en la que José Genoud, entonces jefe del bloque de senadores de la UCR, dijo que el PJ quería “algo más” para aprobar la ley, a lo que De la Rúa, según la versión de Pontaquarto, dijo “eso háblenlo con De Santibañes”.
También estaban acusados por el caso Genoud, quien se suicidó con un disparo en el pecho en 2008, y Cantarero, que fue declarado inimputable por problemas de salud.