El Partido Demócrata ya adelantó que impugnará a Francisco Pérez si el gobernador decide llamar a constituyentes para iniciar la reforma de la Constitución Provincial. Desde el partido conservador consideraron que el proyecto del senador Gustavo Valls "es una barbaridad" y que se busca "resucitar a un muerto", en relación a la consulta popular de 2001 para modernizar la Carta Magna que finalmente fracasó en las urnas.
Desde el primer momento, los gansos se declararon en contra del proyecto impulsado por Pérez. Pero con el proyecto estancado en el Senado provincial por el rechazo de la oposición a la reelección incluida en esta iniciativa, apareció el senador Gustavo Valls -del Peronismo Federal y referente del sciolismo mendocino- y permitió al oficialismo continuar con el afán reformista a través de un tecnicismo: llamar a elecciones de convencionales constituyentes porque el referéndum del 2001 -donde ganó el SI- no fue homologado.
Para los demócratas, en aquella consulta popular del 2001 no se alcanzó la mayoría necesaria según lo dispone el artículo 221. Este artículo estipula que las reformas totales o parciales requieren de la mayoría de los "electores empadronados".
"Es una barbaridad, porque en 2011, cuando se votó la reforma del artículo 221, claramente ganó el NO", recordó el titular del PD, Andrés Grau.
Precisamente, en esa elección, se buscaba modificar ese artículo -convertido en un nudo gordiano para toda aspiración modernizadora- para considerar los electores que efectivamente habían votado.
Con este argumento, Grau considera que "la voluntad popular" contradice lo propuesto por Valls.
El senador provincial Carlos Aguinaga prefirió minimizar el proyecto de Valls para descalificarlo: "No tiene efecto jurídico porque se trata de una simple resolución".
¿Qué hará Paco?
Aguinaga coincide con Grau en que el gobernador Pérez no puede llamar a convencionales constituyentes porque el referéndum está cerrado y la expresión popular ya ha dado su sentencia.
"No es viable, no puede hacerlo", asegura Aguinaga, ante la posibilidad de que Paco Pérez llame finalmente a elecciones de constituyentes, lo que constituiría un "error político" del Gobierno.
"Si lo hace, se está metiendo en una cuestión ilegal. Están queriendo que el muerto viva de nuevo y no se puede revivir a un muerto", argumentó en alusión al referéndum del 2001.
Ante esta posibilidad, Andrés Grau volvió a adelantar la acción que tomarán los gansos: impugnarán a Pérez a través de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
El antecedente data de 1989 cuando el Tribunal Supremo se expidió fijando que la mayoría necesaria para validar un plebiscito debía lograr por lo menos la mitad más uno de los votos positivos del padrón de electores. Este criterio establecido por la opinión de Aída Kemelmajer se transformó en una claúsula de hierro para llegar a reformar la Constitución de manera integral.
Aquel fallo resultó de una acción de inconstitucionalidad planteada por el dirigente demócrata Ariosto Falaschi.
Por eso, los demócratas han canalizado el rechazo a los espíritus reformistas. Así lo expresa ahora el mismo Grau: "No creemos que ésta sea la oportunidad de reformar la Constitución". Esta coyuntura encuentra a los gansos en un momento de debilidad interna, mientras ya comienzan a perfilarse algunos candidatos -el mismo Aguinaga, en tanto el demarchismo buscaría una alianza con el PRO que le permita volver a ser candidato, y la reaparición del ex C5N Luis Rosales-.
En este contexto, la impugnación a Pérez y a la reforma constitucional podría convertirse en un caballo de batalla electoral para los demócratas.