A partir de hoy el gobernador tendrá la oportunidad de comenzar a evaluar un atajo para intentar reformar la Constitución de Mendoza. La oportunidad, la excusa legal, se dará a partir de que el Senado apruebe una resolución pidiéndole al Ejecutivo que llame a elecciones de convencionales constituyentes en base a los referéndums de 2001 y 2009. O sea, el pedido formal es que el mismo Paco Pérez promulgue las necesidades de las reformas constitucionales ya que nunca se aplicaron y nadie se ha pronunciado en contra de esos plebiscitos.
La iniciativa surge de un proyecto de resolución del senador del peronismo federal Gustavo Valls quien sugiere que es posible avanzar en la reforma porque esas dos consultas populares nunca fueron legalmente rechazadas a pesar de no haber logrado la cantidad de votos positivos necesaria de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia en un fallo de 1989. En aquella oportunidad el Alto Tribunal interpretó que para que un referéndum fuera válido –mínimamente- se debían acumular la cantidad de votos por el "sí" a la reforma constitucional equivalente a la mitad más uno de los empadronados para esa votación.
El proyecto de Valls ya tiene despacho favorable de la comisión LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales) y de acuerdo a fuentes parlamentarias hay un pedido del mismo gobierno a que se apruebe para abrir un nuevo camino que motorice el debate público por la modificación integral de la Carta Magna.
Los informantes del oficialismo coincidieron en esta alternativa y señalaron que con este instrumento el gobernador comenzará una serie de consultas de orden constitucional y jurídico para explorar este camino que se presenta como un atajo para la idea reformista del mandatario.
La primera consulta será a la Asesoría de Gobierno para darle viso de institucional a la inquietud, aseguraron desde el mismo oficialismo legislativo.
El punto es que con esta idea se pondrá en crisis aquel criterio de la Corte de 1989 porque si Pérez avanza en el llamado a constituyentes a través de una votación que coincida con las elecciones legislativa sde este año, entonces se verá si alguien del arco político impugna esa iniciativa y dado ese caso habría que ver si el Tribunal Supremo mantiene el mismo criterio que hace 24 años.
Desde aquel tiempo ese criterio aplicado por la Corte en un caso en particular se transformó en un escollo insalvable y comenzó a ser cuestionado por distintos analistas que consideran que tomar el total del padrón como base cálculo es engañoso y no refleja la verdadera voluntad popular de un plebiscito porque se toman en cuenta hasta los ciudadanos fallecidos que aún permanecen en la lista de votantes, en cambio si se tomara como base de referencia la cantidad de votos emitidos otro sería el resultado y el “sí” ganaría con mayor soltura.
El contexto político de esta iniciativa es turbulento ya que el peronismo local está en una crisis y en un proceso de separación en la misma Legislatura donde el sector azul decidió separar sus bancadas del resto del PJ en especial de la Corriente.
De todos modos, aseguran en el PJ, primará el pedido del Ejecutivo en el tratamiento de este expediente. "Será como una prueba de amor hacia Paco pedida por él mismo al PJ aún cuando el partido esté dividido" graficó un peronista aludiendo a la interna oficialista. Y también servirá como téster de Paco para medir al sector de los radicales iglesistas que se muestran proclives a ser funcionales al gobierno.
Por otro lado el autor de la resolución, Valls actuó de catalizador y fue el portador de una señal del gobernador bonaerense Daniel Scioli hacia su colega mendocino. Ambos mandatarios mantienen buenas migas de manera decorosa hacia fuera aunque sostienen más coincidencias en la intimidad.
Luego de que se conociera la reunión del gobernador bonaerense con el ex vicepresidente Julio Cobos las relaciones se tensaron entre Paco y Scioli y fue entonces cuando Valls presentó esta iniciativa como prenda de cordialidad de Scioli hacia su colega mendocino.
Argumentos técnicos
Valls sostuvo que la consideración de "electores" entendidos como "empadronados", es forzada y aun está sujeta a interpretación. Este es uno de los puntos que han hecho fracasar los intentos reformistas de los últimos años.
"Hay una sin razón jurídica en considerar que quien no cumplió con su deber de votar en un referéndum, lo está haciendo en contra de la Reforma", y añadió "es una mera presunción, un argumento sin base legal alguna", señala temerariamente Valls contradiciendo los fundamentos de la ex jueza de Corte Aída Kemelmajer de Carlucci.
En el referéndum del 14 de octubre de 2001, impulsado en aquel entonces por el radical Roberto Iglesias, se busca reformar la constitución bajo un marco acotado. En junio de 2009, la gestión de Celso Jaque propuso limitar a dos períodos la reelección indefinida de los intendentes a través de una enmienda constitucional. Ninguna iniciativa alcanzó los votos necesarios.
Pese a los dos referéndums, hasta la fecha, el Poder Ejecutivo "no convocó a elección de convencionales constituyentes", afirma Valls en sus fundamentos.
"Según dicta la Constitución no existe plazo para la convocatoria a convencionales y por ello debemos considerar que los procesos del 2001 y del 2009 están abiertos, estoy convencido que la aprobación del proyecto haría madurar una discusión sana y necesaria, una discusión estancada, de larga data, que al día de hoy los mendocinos no hemos sabido resolver", sentenció el legislador peronista.
Este proyecto, habilitaría al oficialismo en la Legislatura a avanzar con la reforma constitucional, proceso que quedó estancado debido a la férrea negativa de la oposición -hablamos de radicales y demócratas-, principalmente porque el proyecto enviado por Francisco Pérez postula la reelección para el gobernador y el vicegobernador.