La idea de que podría haber “un tercer atentado” sobrevoló hoy la sala en la que las comisiones de Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado debatían el memorándum que Argentina firmaría con Irán, y estuvo en boca de Guillermo Borger, titular de la AMIA. Y fue cruzado de inmediato por el senador oficialista Miguel Ángel Pichetto, quien dijo: "Hay palabras que son destructivas. Creo que abrir la instancia de un tercer atentado alegremente me parece que es una gran irresponsabilidad", y reclamó que si existen pruebas de lo que sostiene Borger, sean presentadas, porque es importante que “el Congreso, el pueblo, el Estado los conozca".
Luego de casi seis horas de debate, el kirchnerismo no tuvo inconvenientes para obtener el dictamen favorable, por lo que ahora el memorándum de entendimiento con Irán por el atentado contra la AMIA será tratado en el Senado el jueves de la próxima semana.
El debate fue extremadamente encendido, y el primero en ponerle calor al encuentro luego de la defensa que hizo del proyecto el canciller Héctor Timerman fue el mendocino Ernesto Sanz (UCR), quien aseguró que "es de una gravísima irresponsabilidad institucional" que Alberto Nisman y Rodolfo Canicoba Corral (fiscal y el juez, respectivamente, que llevan la causa del atentado ocurrido en 1994), no estuvieran presentes en el tratamiento del tema. "¿Será porque no están de acuerdo con que su propio gobierno haya llegado a un acuerdo con el gobierno sospechado? ¿Será porque no aceptan que su propio gobierno ponga en tela de juicio todo lo actuado? Son demasiados silencios. Son demasiadas cuestiones sin respuestas. En estos casos el silencio hace mucho más ruido que la presencia de Nisman o Carnicoba", preguntó, desafiante, el mendocino.
"Reprochamos que el Gobierno se entregó. El Gobierno cede la jurisdicción. Claudicaron, modificaron la posición. Ya en 2007 Irán pedía la conformación de una comisión de expertos, y ahora nos pusimos de rodillas ante Irán”, agregó Sanz.
Entre las respuestas que obtuvo Sanz estuvieron, además de las del canciller Timerman, las de Aníbal Fernández y Miguel Ángel Pichetto. El primero le hizo ver a Sanz que el artículo 5 del memorándum refleja "sólo se puede interrogar aquellos que tienen las notas rojas [de Interpol]", mientras que el segundo le espetó al radical: “No entendemos la susceptibilidad de Sanz, nada iría en detrimento de los intereses de la Justicia argentina, donde quedaría pendiente el pedido de captura de los funcionarios [supuestamente] involucrados. Nada sería contrario a los intereses de avanzar en la causa", dijo. "Dentro de la naturaleza política del acuerdo están dadas las posibilidades y caminos para el que fiscal y juez lleven adelante el acto de interrogatorio".
Pero el cruce más duro fue, sin dudas, fue el que el canciller debió enfrentar con las agrupaciones que representan a la comunidad judía argentina. De hecho, Laura Ginsberg, de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), irrumpió en medio de la audiencia para cuestionar el memorándum y lanzó: "Si sancionan esta ley van a estar sancionando la ley de punto de final de la AMIA".
Ante los reclamos que recibía, el canciller intentó llevar algo de tranquilidad a quienes lo cuestionaban asegurando que el acuerdo a firmar no implicaba que Argentina tuviera “confianza” en Irán, sino que se trataba del "primer reconocimiento de jurisdicción de las autoridades judiciales argentinas por parte del gobierno iraní". Y redobló la apuesta al declarar de manera contundente: "No es ningún placer para mí sentarme con los negadores del Holocausto; no me siento con quien quiero; hubiera preferido no tener que hacerlo, pero es el canciller quien debe hacerlo".
Ahora el memorándum de entendimiento con Irán será tratado el jueves en el Senado, y las perspectivas indican que en esa cámara el oficialismo no tendrá dificultades para obtener la aprobación, pese al pedido realizado por una parte de la comunidad judía para que el acuerdo sea rechazado por el Congreso.
Si esto no ocurre, la AMIA y la DAIA evalúan acudir a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad del trámite que refrendó el polémico documento a nivel parlamentario.
Es lo que han anticipado a MDZ referentes de ambas instituciones, basándose en un análisis elaborado por el constitucionalista Daniel Sabsay, donde aseguró que el memo que pretende impulsar el oficialismo "implica el conocimiento de una causa judicial del Ejecutivo, y el Ejecutivo no puede en medio de una causa cambiar las reglas".