En su primera visita oficial a la Comisión Bicameral de la Legislatura, el ministro de Seguridad Carlos Aranda respondió la más variadas preguntas de los legisladores, principalmente de la oposición, desde el planteo por la criminalización de la víctimas del delito hasta las políticas de seguridad pública que se están planeando.
Aranda contestó con soltura absolutamente todas las preguntas, utilizando muchas veces ejemplos de gestiones anteriores o actuales para fundamentar sus dichos. También defendió a rajatabla su gestión y, cuando fue necesario soltar culpas, el ministro sutilmente deslizó responsabilidades a la prensa y al Poder Judicial, tanto en la criminalización mediática como en el funcionamiento de los procedimientos policiales, respectivamente.
A sala colmada, en la reunión semanal de la Bicameral de Seguridad estuvieron la presidente de la Comisión, Milagros Suárez (UCR), los vicepresidentes Aldo Vinci (PD) y Daniel Cassia (Peronismo Federal), como así también varios legisladores como Gustavo Cairo (PRO), Claudio Díaz (FpV) y Claudia Torres (FpV), entre otros.
También asistieron prácticamente todas las autoridades del Ministerio de Seguridad: el subsecretario de Seguridad, Sergio Rocamora; el Jefe de la Policía, Ángel Fozatti; el director de Narcocriminalidad, Juan Carlos Caleri; y la jefa de Gabinete, Analía Rodríguez, entre otros.
En principio, el tema que se abordó fueron las críticas al Ministerio de Seguridad por la mala información divulgada desde el área de prensa de esa cartera por el caso del taxista asesinado José Moreira Acosta y la acusación de la UCR sobre una criminalización de las víctimas de homicidios por parte del Gobierno. Además se cuestionó las filtraciones de información sensible a la prensa.
Ante este planteo, Aranda separó en tema en dos partes, al hacer una diferencia entre el caso del taxista y los demás hechos resonantes: "En el caso puntual del taxista, ha habido un error que podría haber causado mucho más daño que el que causó".
El ministro explicó cómo fue que se produjo el error: "Nosotros tenemos una novedad en el CEO, luego el Centro lanza un comunicado a las autoridades del ministerio y al director de prensa para que vayan tomando conocimiento. En ese camino, lejos de querer criminalizar a las víctimas, lo que buscamos saber es conocer las distintas hipótesis que son vitales para la investigación de un delito, y esa información cruda no fue ni podía ser chequeada ni filtrada para que salga a la prensa".
Para Aranda "a diferencia de otros ministerios, el nuestro funciona como una agencia de noticias, porque si nosotros no damos información, en la prensa sale que la ocultamos y después nos cuestionan sobre porqué no informamos sobre ciertos delitos. Es un manejo con mucho cuidado". Por ello reiteró que "en este caso del taxista, no tuvo el cuidado que ha tenido siempre y fue un caso particular".
Ante la consulta sobre si se llevó a cabo un proceso administrativo contra los responsables, el ministro reconoció que no se ha realizado ningún sumario, aunque "sí se han hecho las correcciones internas necesarias, evaluando la posibilidad de algo, pero en principio creemos que la situación no hace necesario un sumario administrativo".
Como segunda parte, Aranda hizo referencia a una teoría denominada criminalización mediática, de la cual aseguró que hay "mucho material" y citó un libro del juez Eugenio Zaffaroni que habla de ello. El ministro indicó que "si hay algo que se le atribuye al ministerio de Seguridad por la criminalización de la víctima es porque hay una tendencia de criminalización mediática, que hace referencia a la instalación de la criminalidad por parte de los medios de comunicación".
"Por ejemplo, en casos recientes, (los periodistas) hacen preguntas y situaciones donde no surge quienes son las fuentes, porque ni siquiera se hablan de fuentes, hablan de fuentes judiciales o hacen preguntas retóricas como ¿se trata de una persona que lo conocía? o ¿fue un ajuste de cuentas?".
Justamente, Aranda hizo referencia a una nota de MDZ Online titulada El asesinato del abogado Derpich: algo más que un robo, donde el ministro se encargó de citar uno de los párrafos que incluye esas preguntas para justificar sus dichos.
"En el caso Derpich, hay una nota periodística que habla, y no hay comillas, desde una opinión periodística: Luego, sorprende que la persona que le disparó haya estado dentro y no fuera de la camioneta […] que se comprobó que los seguros estaban trabados. ¿Se trató de una persona que lo conocía? ¿Fue un ajuste de cuentas?" Vale aclarar que no mencionó la siguiente frase: Son apenas dos de las preguntas que se hacen los investigadores.
Sin tapujos, Aranda sostuvo que esa nota "puede interpretarse como una criminalización de la víctima, pero esto no tiene sustancia ni origen en ningún dato dado por el Ministerio de Seguridad". Inmediatamente reiteró su postura sobre que "no es bueno criminalizar a las víctimas ni hay que hacerlo". De hecho aseguró que "soy un defensor de tratar de la mejor forma la información necesaria en todos los hechos delictuales para que la comunidad esté bien y no mal informada".
De todos modos, el funcionario indicó que "el trabajo de los periodistas tiene que motivar y ellos tienen fuentes de información, las cuales respeto y ni siquiera hay que dudar de ello, que la tienen en distintos lugares. Hay veces que la información surge desde otros organismos", agregó.
Para ejemplificar dicho punto, Aranda volvió a citar una nota de MDZ Online, en este caso del asesinato del médico Sebastián Prado y titulada Caso Prado: se debilita la pista del robo: "Creemos que hubo un killer que fue contratado para asesinar a Prado". Dos fuentes de la fiscalía (no mencionó a la fiscal Claudia Ríos) admitieron a este medio que recibieron tres llamados.
Más allá de esta responsabilidad que le dio a la prensa, Aranda explicó a los legisladores que "estamos haciendo una revisión hacia adentro de la comunicación del Ministerio de Seguridad", aunque reiteró que "no comparto en que hay una sistemática criminalización de la víctima por parte del ministerio con una intencionalidad de tapar algo".
El diputado Aldo Vinci le preguntó al ministro sobre "cuál es límite entre el secreto de sumario y la información que la Policía da hacia fuera, y quien autoriza a dar la información". Claramente, Aranda respondió que "el límite lo pone y la información la autoriza el fiscal, por eso es un tema muy lineal en virtud en como sale la información".
La Justicia en su rol como política de Estado para la seguridad
Otro de los temas controvertidos que se tocó en la reunión fue las salidas transitorias y los beneficios de la libertad condicional que reciben los presos, a pesar de la Ley de Excarcelaciones, también llamada Ley Petri, que las limita. Aunque no es un tema que incumbe técnicamente a Seguridad, Aranda explicó a los legisladores que la ley "será aplicable a condenados actuales que cumplan dos tercios de la condena y estén condiciones de pedir la libertad condicional", y hasta ahora nadie está incluido.
Aranda también se refirió a aquellos magistrados que deben autorizar órdenes de allanamiento y, por distintos motivos, se demoran en su decisión, y sostuvo que esa actitud perjudica las tareas policiales.
De hecho, el funcionario de Seguridad sostuvo que "hemos logrado que muchos fiscales cambiaran su cabeza y pensaran como ciudadanos corporativos con respecto a la seguridad, pero hay jueces de garantías que todavía no lo tienen" y reiteró que "esto dificulta la tarea del policía, ya que hay que actuar rápido".
Quien se mostró muy crítico con el sistema judicial fue Cassia, sobre todo alegando que últimamente "se vuelven a otorgar salidas transitorias y traslados" indiscriminadamente luego de que, tras la Ley Petri, la Justicia diera marcha atrás y frenara este tipo de trámites. Tampoco se salvaron varios fiscales, a quienes acuso de que a veces "los móviles policiales tienen que ir hasta las casas de los fiscales para que firmen una orden de allanamiento".
A ello, Aranda agregó que "sin ánimos de presionar a nadie, lo que debemos buscar es tratar de convencer de que debemos tirar todos del mismo lado, y no solamente cuando nos toca de cerca al Poder Judicial o a nosotros como sociedad".
Pérez y su idea de municipalizar la Policía
Tampoco faltaron las críticas al gobernador de la provincia, Francisco Pérez. En este caso, se trató por la idea que lanzó Paco antes de embarcarse hacia China, sobre la posible creación de cuerpos policiales municipales.
Uno de los que recordó ello fue Cassia, quien planteó que "decir “parece que la policía municipal también puede andar” y te tomaste un avión y te fuiste, está mal. Después te deja el tema sobre la mesa y hay que debatir con armas o sin armas, preventores o no preventores, a cargo de un intendente o del gobernador, con reforma constitucional o sin reforma constitucional. Eso tampoco sirve".
"Recuperar el guante del ring después de una derrota electoral mirando el tema de seguridad, no me parece muy serio" recalcó, y luego se dirigió directamente a Aranda: "Eso también te perjudica mucho". El ministro no contestó.
Por su parte, Suárez indicó que "cuando queremos un plan de seguridad para poder convocar a todos los poderes del Estado, se necesita que la posta la tome el Gobernador. Alguien se tiene que poner a la cabeza, y debe ser el Gobernador. Tiene que haber una gran convocatoria y una reformulación de lo que queremos para la seguridad en Mendoza de acá en adelante".
A ello, Aranda contestó con un ejemplo que sucedió en el año 2007, durante los primeros meses del gobierno de Celso Jaque. El ministro explicó que en ese entonces se realizó una convocatoria interpartidaria para analizar la seguridad y que, durante la posterior conferencia de prensa, varios dirigentes opositores no sostuvieron lo que se había hablado a puertas cerradas. "La convocatoria se dejó de lado porque no se quiere una reunión para la foto".
Casi al finalizar el encuentro, Aranda hizo referencia directa a la idea de municipalización de la Policía: "El Gobernador hizo el comentario en algún lugar y éste tomó un cuerpo importante, aunque ya lo aclaró diciendo que era un tema para el debate".
De todas maneras, el ministro expresó que "el modelo de trabajo con un municipio es el realizado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el cual habría que imitar para que la Policía no se distraiga con cuestiones menores", como accidentes pequeños o problemas vecinales, y nombró a Maipú, Guaymallén y Las Heras como comunas que, con distintos proyectos, están llevando tareas similares.
Aranda habló sobre las versiones de su "renuncia"
Sorpresivamente y por primera vez de manera pública, Carlos Aranda habló sobre los rumores de su renuncia: "Habrá cuestiones y operaciones para que Aranda (habló en tercera persona) se vaya o no se vaya, aunque eso el gobernador es quien debe decidirlo, y esto no debería modificar las políticas de seguridad".
Incluso enfatizó la gestión previa de su antecesor, el actual vicegobernador Carlos Ciurca: "Tuve la ventaja y suerte de que cuando Carlos Ciurca dejó el escritorio del Ministerio, dejó un escritorio andando y lleno, y espero que ocurra lo mismo, venga quien venga".
Menos policías que otros años y más capacitación profesional
También se realizaron planteos sobre la cantidad de policías que hay para la prevención y sobre la capacitación que reciben los efectivos. En ambos casos, Carlos Aranda reconoció algunas falencias, aunque sostuvo que desde el ministerio están trabajando para solucionarlas, al menos al mediano plazo.
El funcionario indicó que "hoy tenemos unos 8595 policías en prevención, más 138 policías nuevos que se incorporaron el mes pasado, distribuidos en las comisarías, cuerpos especiales, la Rural, Científica, Investigaciones, etcétera", y reconoció que "este año tenemos menos policías que el año pasado, producto del retiro".
A este fenómeno lo atribuyó a dos factores relacionados, uno normativo y el otro un supuesto mediático: "Con la reforma policial del año 98, se suprime a los suboficiales de la Policía y éstos tenían la posibilidad de incorporarse en su momento como auxiliares, o bien esperar a que se cumplieran los años para retirarse".
"El año pasado, con una ola de rumores infundados de modificaciones en los salarios, se retiraron 456 policías (casi el doble del promedio). En cualquier estructura policial se siente", aseguró.
No obstante, Aranda citó palabras del dirigente socialista Alberto Montbrun al señalar que "el número medio de policías debería estar en 3,5 cada mil habitantes" y sostuvo que "nosotros estamos por encima de 4 cada mil habitantes". Sin embargo, reconoció que "tenemos que trabajar en la incorporación de policías que no viene en un ritmo adecuado" en los últimos años.
Para el ministro "lo ideal sería tener el doble de policías" en toda la provincia, y respondió que en Guaymallén al menos hacen falta unos 600 efectivos más para tareas preventivas.
"¿Por qué necesitamos el doble?" se preguntó, para luego autoresponderse: "La realidad que impera en Mendoza es que ciertas actividades menores distraen a la Policía. Por ejemplo, estamos en un operativo y llaman desde la Fiscalía y el móvil del operativo tiene que volver a la comisaría a buscar al ayudante fiscal y llevarlo al lugar del hecho".
Con respecto a la capacitación, Aranda explicó que "estamos trabajando fuerte en un programa llamado “Incorporación tutorial”, que consta en policías que, de forma voluntaria, se suman como tutores a la fuerza policial en la promoción de la carrera policial como carrera profesional. Además hay que buscar cambios de paradigma en la incorporación policial".
Narcotráfico: reafirmó la política actual de lucha contra las drogas
El ministro de Seguridad hizo una breve mención al tema del narcotráfico en Mendoza. Haciendo una crítica tácita a los medios de comunicación, Aranda señaló que "pareciera que estamos descubriendo la droga en Mendoza, es como que ahora estamos descubriendo su ingreso y su consumo".
"La decisión política e institucional de crear una Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, duplicar el personal, invertir en vehículos y en edificio nuevo tiene que ver con una política que está orientada a dar una lucha contra el narcotráfico" la cual no es nueva, indicó.
Proyecto PRAMI
Además, reveló que en conjunto con otras áreas gubernamentales y municipales se está trabajando en un proyecto denominado Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (PRAMI), el cual consiste en una línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para seguridad y medio ambiente.
"Por primera vez, hemos instalado una política integral de considerar a los seis departamentos del Gran Mendoza como un área metropolitana" aseguró Aranda muy orgulloso sobre el proyecto. Además señaló que "los seis intendentes nos han acompañado".
Se prevé que, de aprobarse el proyecto PRAMI, el Gobierno reciba una financiación de ocho millones de dólares para llevarlo a cabo.