“No alcanza con que los funcionarios paguen una multa o con que la Corte no haya homologado la reciente renegociación; los funcionarios tienen que ser penados”.
El pedido es de Raquel Blas, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con el objeto de solicitar la anulación del contrato de concesión de las tragamonedas a la empresa Mendoza Central Entretenimiento del grupo Vila-Manzano.
La gremialista sostuvo que hay dos cuestiones que deben ser juzgadas: “Una es la renegociación que se hizo con Pereyra –titular anterior del IPJyC- que es la que goza de las mayores irregularidades. Consideramos que una multa de 10 mil pesos para el funcionario es la puerta abierta a que sigan este tipo de negociaciones de curia. La otra cuestión a juzgas es la gestión de Bianchinelli –Carlos, actual titular- bajó sólo dos o tres puntos del canon y, encima, prorrogó la concesión dos años más”.
El pasado 11 de agosto el titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), Carlos Bianchinelli, anunció la extensión de contrato de concesión de las tragamonedas a la firma Mendoza Central Entretenimiento, propiedad del monopolio Vila-Manzano. En esa oportunidad, se decidió una prórroga del convenio a 8 años y un canon para la empresa de 43,85 por ciento de los ingresos de las máquinas.
"Creo que, a esta altura de los hechos, no alcanza con que paguen una multa los funcionarios o con que la Corte no haya homologado este nuevo acuerdo”, postuló Blas en diálogo con el programa de MDZ Radio, Políticamente Incorrecto.
En ese sentido, criticó a Bianchinelli por no emitir ningún tipo de respuesta tras conocerse la resolución de la Justicia de no homologar la renegociación que él mismo firmó.
“Para nosotros el foco principal de esto es lo que hace el funcionario público porque es el que está puesto por nosotros, por el pueblo”, enfatizó Blas.
Finalmente, consideró que la decisión de la Justicia “es una bisagra” y, postuló, que “creo que como ciudadanos debemos hacer todos los actos democráticos en función de que la Justicia tome intervención; de hecho, vamos a ampliar la denuncia”.
Asimismo dejó en claro que “el contrato no beneficia la provincia recordemos que el juego es una actividad que no debería promocionada o impulsada por el Estado; el juego es algo que corrompe al ser humano”.
Escuchá aquí la entrevista completa:
Fuente: MDZ Radio FM 105.5 Políticamente Incorrecto de 9 a 12.