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En los días que corren, un proceso inverso al vivido en los noventa parece abrirse paso en el terreno económico. Como toda "ola" tiene carácter global, aunque en cada región o país se registre con variantes localistas.
Bajo el llamado "consenso de Wahington", una marejada conservadora bañó a Occidente. El reflejo en la economía fue la apertura indiscriminada, que fue impuesta a los países más débiles institucionalmente con consecuencias nefastas para sus cuerpos sociales.
Las privatizaciones de aquellos años eran la condición para pertenecer, presuntamente, a un “orden” que nos incluía. Era el momento en el que el capital financiero comenzaba a separarse de la economía real para dar paso a una orgía que dio en llamarse "turbocapitalismo". Aún hoy, en plena crisis financiera internacional, un dólar "productivo" justifica otros 13 en "derivados" financieros. Y a pesar de ser los bancos los que han provocado tamaño desastre, los Estados salieron en su rescate y los contribuyentes pagan "la fiesta". Las pérdidas se diluyen entre miles de millones de ciudadanos, que deben pagarlas con menores salarios y más inflación.
Lo insólito es que esta no es la primera vez que ocurre en la historia económica moderna.
Frente al descalabro, tanto en el primer mundo como en el segundo o el tercero, los Estados practican políticas más o menos proteccionistas. Cada país trata de mantenerse alejado de los coletazos de la crisis del capitalismo occidental: aquellos que producen materias primas tienen más anticuerpos que los que no fueron bendecidos por la naturaleza, y no importa si están en la periferia de Europa o en América latina.
En las últimas semanas, en particular desde que la presidente argentina Cristina Kirchner anunció la intenvención de YPF y que enviaría al Parlamento un proyecto de ley para expropiar la mayoría de las acciones de la española Repsol en esa empresa, lo que le devolvería al Estado el control de la petrolera de bandera, las brisas estatizadoras tomaron impulso y hoy en los radares de un atribulado primer mundo comienza a intuirse una tormenta peligrosa.
Este martes el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció su decisión de nacionalizar la empresa que distribuye el 70 por ciento de la electricidad en su país, de mayoría de capitales españoles.
Las airadas reacciones de Madrid a la medida anunciada por Cristina nada tienen que ver con las formuladas en estas horas por el gobierno español en relación al decreto de Evo. “Son casos distintos”, deslizaron fuentes del gobierno español cuando se vinculó el de la empresa eléctrica boliviana con la petrolera YPF. Sin duda, se trata de situaciones y casos diversos. Y gratifica ver que las autoridades ibéricas son capaces ahora de ver los matices. En los '90, cuando Telefónica, Gas Natural, Iberia y otras tantas “multis” españolas se expandían por la región, Sudamérica era un mercado común para sus negocios en unas condiciones particulares: las democracias nacían débiles para imponer condiciones y estaban más atentas a crear las bases institucionales para perpetuarse y evitar “recaídas” totalitarias, que para administrar sus recursos y capacidades económicas.
El especialista español en Relaciones Internacionales Joaquín Roy escribió en su blog, que publica el diario "El País", una lúcida advertencia acerca de hacia dónde debe dirigirse el poder “blando” de España en la región, ahora en obligada retirada, y hasta se permite sugerir que es hora de revisar la política exterior que dejó afuera a Estados Unidos de los negocios en estas tierras, una queja histórica de Washington que acusó a los europeos de ejercer unas malas prácticas que para ellos estaban vetadas.
En efecto, la manera en que se realizaron las privatizaciones en la región mucho tuvo que ver con el desarrollo de un capitalismo perverso que no podía terminar de otra manera que con una mutilación. Esto son las nacionalizaciones y las expropiaciones, un remedio drástico para una sangría que, en tiempos de crisis, es imposible de tolerar.
(*) Director de Gaceta Mercantil.com