El título de la comisión suena excesivo, pero de entrada aclaran que no se abocarán a la investigación de los últimos delitos que han conmocionado a Mendoza. Por el contrario, la comisión impulsada por los familiares de víctimas del delito, en la que participarán los tres poderes del Estado para modificar el Código Procesal Penal y endurecer los controles sobre la Justicia, pero especialmente, sobre el régimen de semilibertad de los presos mendocinos.
Las marchas en reclamo de cambios en la seguridad y en la justicia ya tienen efectos concretos. La presión popular ha despabilado a la clase política y desde la Legislatura han confirmado quiénes serán los miembros de la llamada Comisión Esclarecedora de Delitos, con participación de funcionarios del Gobierno, autoridades del Poder Judicial y la Bicameral de Seguridad de la Casa de las Leyes. Por lo pronto, mientras definen otros representantes, se sabe que Osvaldo Quiroga -el padre de Matías, asesinado por delincuentes tras un intento frustrado de robo a un camión de caudales- es el primer confirmado por parte de los padres del dolor.
Raúl Vicchi, el ex legislador radical que ahora es encargado de las Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia; María Teresa Day de Pontis, coordinadora general del Ministerio Público; Mariana Herrero, presidenta de la Inspección General de Seguridad; el subsecretario de Seguridad, Emilio Caram; y Romina Ronda, subsecretaria de Justicia, son los integrantes de la comisión. A ellos se sumarán legisladores de la comisión Bicameral de Seguridad, que es presidida por el diputado demócrata Aldo Vinci.
El nombre puede tender a equivocaciones. Pero lo cierto es que la comisión no tendrá como misión esclarecer delito alguno. Por el contrario, pondrán la lupa en aquellas exigencias que los familiares de víctimas de la inseguridad han hecho público a través de un petitorio.
En primer lugar, analizarán qué cambios pueden efectuarse en el Código Procesal Penal. En segunda instancia, buscarán endurecer los controles sobre el régimen de semilibertad o confianza de los presos que se encuentran en la granja penal de Gustavo André, en Lavalle. Esto, a raíz de los cuestionamientos al juez Eduardo Mathus -juez de Ejecución Penal Nº1- que otorgó el período de prueba al presunto asesino -nos referimos a Omar "Tanga" Gómez- del joven remero de Regatas, Matías Quiroga.
En una reunión ocurrida el martes, el vicegobernador Carlos Ciurca entregó la información de los funcionarios judiciales que fue solicitada por Osvaldo Quiroga, con sus respectivos números de teléfono.
Sin embargo, a pesar de la conformación de la comisión, los miembros consultados no pudieron confirmar cuál sería el primer día de reunión.
Maxi Quinteros en Twitter: @rayosycenteyas