La Comisión Bicameral de Seguridad consultó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia el paquete de iniciativas legislativas que apuntan a combatir el delito en la provincia, luego de que el propio Gobernador dijera públicamente que no se tenía la voluntad de los jueces para acelerar los procesos investigativos. Incluso la semana pasada, cuando se reunió el Consejo de Seguridad Pública volvió a hacer mención del conflicto acaesido frente a la lucha contra el narcomenudeo en la provincia.
Los integrantes de la Comisión estuvieron acompañados por el vicegobernador, Carlos Ciurca y fueron recibidos por el Presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente y por el ministro Jorge Nanclares junto al Procurador General, Rodolfo González.
Después de las críticas de Paco Pérez, el Procurador analizó temas de seguridad.
Del encuentro también participaron autoridades de la Asociación de Magistrados de Mendoza, encabezados por su presidente, Ariel Hernández junto a la tesorera de la asociación, Beatriz Fournies y el vicepresidente, Gustavo Colotto.
Entre los temas abordados se habló de la extensión de competencias de juzgados provinciales en todo el territorio, así como el tema de la “desfederalización” de causas relacionadas a la narcocriminalidad.
“La seguridad es un tema de todos, como ciudadanos debemos comprometernos y aportar responsablemente, por eso vemos con mucho agrado que se convoque a los tres poderes del Estado para el debate”, expresó Pedro Llorente, Presidente de la Suprema Corte.
“Venimos hasta acá para hacerles conocer en una primera instancia las iniciativas que componen el paquete de medidas para combatir el delito en la provincia, la idea es que ustedes participen de este análisis y hagan los aportes necesarios. Si alguna de estas medidas es inaplicable en la realidad este es el momento para decirlo, por que sino aprobamos cosas que después ustedes nos dicen que son inaplicables”, enfatizó Ciurca.
Por su parte el ex senador Aldo Vinci, quien se desempeñó como titular de la Bicameral de Seguridad, manifestó que se logró consenso con el Poder Judicial para lograr celeridad en el servicio de justicia, a través de la modificación de las competencias de los juzgados correccionales.
La seguridad es un tema de todos, como ciudadanos debemos comprometernos y aportar responsablemente, por eso vemos con mucho agrado que se convoque a los tres poderes del Estado para el debate.
Vinci, quien estuvo en representación del diputado Jesús Riesco, reparó en el detalle que en esta oportunidad el Ejecutivo, tampoco presentó el plan de seguridad.
Habíamos quedado en que el ministro Comperatore iba a presentar una lista de necesidades para contemplarlas en la emergencia y ayer tampoco lo hizo.
En el encuentro también hubo aportes sobre temas relacionados a competencias, jurisdicciones y extensiones de tareas en diversos fueros judiciales, los miembros de la Asociación de Magistrados.
“Vemos con muy buenos ojos que se trabajen participativamente temas que nos atañen e involucran a todos, hay departamentos dónde tenemos deudas históricas en relación al acceso a la Justicia”, afirmó Ariel Hernández.
Vinci reparó en la falta de presentación del plan de seguridad, más allá de las leyes solicitadas para combatir el delito en la provincia.
Durante la reunión uno de los temas planteados por el diputado Raúl Guerra, fue la situación de los juzgados del sur provincial, sobre todo en lo referido a la aplicación del nuevo CPP.
El proyecto de la modificación de la competencia de los juzgados correccionales pasó a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para ser tratada en los próximos días en la Cámara de Diputados, donde podría recibir una sanción definitiva.
La próxima semana la cámara alta y baja prevén aprobar la batería de leyes contra la inseguridad y terminarán de definir los plazos de la declaración de emergencia. Antes volverán a reunirse miembros de la Justicia y de la Bicameral de Seguridad.