"Acá no funciona absolutamente nada de eso", replica, seca y desconfiada, María Laura Martí, desde su casa de San Miguel de Tucumán. En los papeles, su vivienda es el domicilio legal que fijó la sociedad anónima que trajeron de España el nuevo dueño de la ex Ciccone Calcográfica y el deudor declarado del vicepresidente Amado Boudou.
Constituida en marzo de 2007, en Madrid, Agroibérica de Inversiones SA comenzó su desembarco en la Argentina pocos meses después. Pero en vez de instalarse en la ciudad de Buenos Aires sus socios optaron por Tucumán. Y fijaron el domicilio legal de la firma en la calle San Miguel número 623, de la capital tucumana.
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