El nivel de visibilidad que tomaron los actos prohibidos por la ley en materia de recolección de información sobre la actividad de militantes sindicales por parte de Gendarmería ayuda a poner en debate la política de inteligencia y de seguridad democráticas. Durante muchos años, Néstor Kirchner fue clarísimo a la hora de no criminalizar la protesta social. La salida veloz de Gustavo Béliz del Ministerio del Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tuvo que ver con que el entonces ministro quiso modificar los protocolos que le indicaba Kirchner. Concretamente, que la Policía Federal no llevara armas a las manifestaciones y que se limitara a una presencia discreta. Aun a riesgo de que alguien agrediera a un policía. La gran enseñanza de aquellos años es que darle prioridad al legítimo derecho a la protesta estaba por encima de los posibles hechos delictivos que pudieran generarse. Por hecho delictivo puede entenderse desde la transgresión de contravenciones o leyes destinadas a proteger el espacio público. Quedó claro, con la sangre fresca de Kosteki y Santillán, así como con la memoria sobre los miles de desaparecidos y torturados, que en la Argentina el bien jurídico a proteger era el derecho a organizarse para defender los derechos pisoteados por los poderosos. Para embellecerse, Béliz, de buenas relaciones con lo más conservador de la Iglesia Católica y de buenos vínculos con jefes de la Federal, hizo publicar la foto en la prensa de Jaime Stiusso, un cuadro con demasiados años en la inteligencia del Estado, y advertir que “con esta SIDE estamos en libertad condicional”. Visto en la perspectiva, no caben dudas de que Kirchner acertó. Como acertó con muchas medidas en esta materia, entre otras, una que no mereció la atención suficiente a la hora de debatir sobre los límites democráticos del rol de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Concretamente, muchos recuerdan cómo el Congreso sancionó la Ley de Defensa en tiempos de Raúl Alfonsín. En efecto, la ley que establece que los militares no pueden ingerir en asuntos de seguridad internos data de 1988 pero su reglamentación se demoró tanto como la vuelta de Perón: 18 años. Los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde la dejaron dormir en el armario, tanto por temor como por connivencia.
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