Ayer la Corte Suprema rechazó el pedido de per saltum del Gobierno. Con este recurso judicial, el oficialismo perseguía que los magistrados dejaran sin efecto la medida cautelar que impide la aplicación efectiva de la Ley de Medios. El senador k Marcelo Fuentes sostuvo que grupos como Clarín antes se plegaban a la dictadura militar hoy lo hacen a la corporación judicial.
En esa línea, el legislador neuquino del Frente para la Victoria (FPV) señaló que “la demora en la Justicia torna inoficiosa la misma” y que la denegación del per saltum significa el modo que encuentra Clarín de postergar en forma permanente la aplicación de la ley 26.522.
“La razón de todo poder fáctico consiste precisamente en ejercer ese poder. La manera que tiene Clarín de demostrar que es un poder que condiciona la Democracia es no cumpliendo la ley. Esa es la razón del conflicto; esto nunca fue un conflicto judicial”, dijo Fuentes.
El legislador apuntó que es un error interpretar la disputa con Clarín como un “conflicto entre partes” y que, por el contrario, debe comprenderse que la disputa es entre un “Estado de derechos y un grupo fáctico que está acostumbrado a condicionar la democracia”.
“Esto no tiene que ver con ganar las elecciones tiene que ver con que la institucionalidad presupone que los poderes se ejercen conforme a las leyes y no de facto”, resaltó Fuentes.
En ese orden el político argumentó que en tanto el sistema democrático trabaja por extender derechos, “los sectores de privilegio se ven amenazados y se repliegan; antes lo hacían con la dictadura militar hoy lo hacen sobre la corporación judicial con medidas cautelares”.
Marcelo Fuentes, senadora oficialista.
En otro orden de cosas, el funcionario se refirió al pedido de recusación de los magistrados a cargo de las Cámaras Civil y Comercial que hizo el Gobierno y señaló que el requerimiento "no" es indebido.
“Hay que decir que el respeto se gana con las conductas. Existe una corporación que maneja cuestiones de privilegio y creen que son distintos al resto de los ciudadanos”, opinó Fuentes.
Asimismo, señaló que eso de que “un juez habla por su sentencia” no cuenta; en tal sentido precisó que los magistrados “hablan de política y cuando lo hacen se someten en la democracia y en el marco del derecho de libertad de expresión donde cualquiera puede contestar a lo que dicen”.
En ese contexto, consideró que si un funcionario del Gobierno opina sobre el proceder o el decir de un juez está en su derecho de hacerlo. “Si están tan seguros de su proceder, ¿cuál es la presión que sienten?”, resaltó.
Finalmente, Fuentes precisó que en cuanto al fallo reciente de la Corte Suprema “el Estado tiene la obligación de apelar”.
“Hay una teoría de contrapoder a partir de la cual lo que se debe tener en cuenta es que, así como la Constitución le impide a la presidenta, bajo amenaza de juicio político, juzgar por decreto; también le tiene vedado al poder judicial, legislar o gobernar por sentencias”, destacó.
Así, sugirió que si la Justicia le va a decir al Estado cómo administrar los recursos pues entonces el Gobierno podría decirle “tomá la llave y goberná vos”.
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Fuente: MDZ Radio. FM 105.5. Programa After Office.