Un total de 68 personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) afrontarán a partir de este miércoles el mayor juicio de este tipo que se realiza en el país desde 2006.
Los ex militares Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Adolfo Donda y Ricardo Cavallo son algunos de los ex militares imputados por 789 crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el edificio de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en la capital argentina.
Cavallo
Justamente Cavallo tiene un vínculo especial con Mendoza. Fue revelado por el libro "Ricardo Cavallo, extraditado", del periodista José Vales y que le valió el premio "Ortega y Gasset" de periodismo.
Vales descubrió a Cavallo cuando ya había sembrado sus empresas en Mendoza y comenzaba a expandir su poder en México, en donde el periodista trabajaba para el diario Reforma.
Aquí, creció asociado a empresarios locales en la empresa Talsud, que resultó la palanca para que vendiera su trabajo de inteligencia y procesamiento de información a varias ciudades y países.
Según lo reveló en nuestra provincia un informe periodístico difundido en 2001 por el actual conductor de MDZ Radio (por entonces, de LV10) Cavallo dedicó los días de la temprana democracia al negocio inmobiliario. Pero a Mendoza arribó en 1994, como representante de Talsud SA, la firma que ganó la licitación de la informatización del otorgamiento de las licencias de conducir y el procesamiento de las multas de tránsito levantadas por la policía provincial.
Para llevar a cabo este trabajo, se unió a dos empresas más: Shehuen (liderada por el empresario de medios Luis María Caseros) y Seal Lock. Consiguió una contratación para realizar la revisión técnica de los automóviles de la Municipalidad de Godoy Cruz, en épocas del intendente Rubén Montemayor, e intentó hacer lo mismo en la Municipalidad de Mendoza.
Según Luis Balaguer, quien también denunció sus pasos por Mendoza, "con la democracia, Cavallo y Rádice (otro marino acusado por delitos durante la dictadura) ingresaron a la política con Menem, incorporándose a la Fundación para la Argentina en Crecimiento (FEPAC) de Alberto Kohan, en donde comenzaron a incursionar en el fácil mundo de los negocios relacionados con la política. Allí conocieron a Víctor Taiariol, con muchas vinculaciones empresariales (había sido vicepresidente de: Argencard, Editorial Pegaso, Sistemas Catastrales y presidente de: Posnet, Zonda Color, Satelnet) y con él constituyeron varias empresas: Talsud, Seal Lock y Martiel, presididas por Taiariol, que antes había sido procesado por su participación en la venta de las sucursales del Banco Italia".
Sobre el mencionado socio de Cavallo, Taiarol, dijo Balaguer que fue "dueño de WGI, además de vicepresidente de Bodegas y Viñedos Alvarez, que dijo en la presentación: ´Mendoza es una provincia atípica con respecto al resto del país, por su seriedad, por su capacidad de producción y por su gente´".
Agregó en su momento que "claro es que esta provincia no le era desconocida. Por que fue en Mendoza donde Taiariol hizo pingües negocios asociado con Ricardo Cavallo, el genocida de la ESMA que permanece detenido en España, y con Jorge Rádice, otro asesino de la marina que fue preso por la desaparición de la familia mendocina Cerutti y la usurpación de sus tierras, en las que construyeron el barrio Wil-Ri en Chacras de Coria".
Los contactos mendocinos de Cavallo
Durante una entrevista con el diario Página/12
en la que habló de su libro, José Vales comentó por qué Cavallo consideraba a Mendoza como "la nave insignia de sus negocios". Lo hizo desandando la trama, y empezando por lo que pasaba en México, en donde fue descubierto. Este es un tramo de la extensa entrevista:
-¿Qué cantidad de dinero estaba en juego en la privatización del Registro Nacional de Vehículos (Renave)?
-Eran alrededor de 180 millones de dólares al año y algunos hablaban de más, eran 14 millones de autos a registrar. La licitación en México tuvo muchas críticas, estaba llena de puntos oscuros y la matriz con que se ganó la concesión era muy parecida a la que habían presentado en Mendoza, con la que ganaron. Ellos bautizaron a Mendoza como "la nave insignia".
-¿Sobre qué contactos políticos entran en Mendoza?
-Era el gobierno de Gabrielli, pero lo que dicen las fuentes es que había operado la Secretaría General de la Presidencia. Había una interna en el menemismo. En Mendoza estaban Bauzá y Manzano por un lado. Y Bordón, Gabrielli y Lafalla del otro lado. Así llegan a La Rioja, también a Tierra del Fuego, estaban peleando otra en Jujuy, en Córdoba no les salió porque apareció una empresa española. Quisieron hacerlo en San Luis y tampoco cerró el negocio. Y ya con Cavallo preso intentaron reciclarse con otra empresa, Marielplatz, en Comodoro Rivadavia. Pero el periódico Crónica de Comodoro hizo una investigación en Mendoza y del Renave mexicano y les arruinó el negocio.
El proceso
El proceso judicial estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia.
Además de los ex militares, en su mayoría oficiales y suboficiales de la Armada, estarán en el banquillo de los acusados el ex secretario de Hacienda, Juan Alemann, y el Gonzalo Torres de Tolosa.
El juicio reunirá la investigación de nueve causas abiertas por los crímenes perpetrado en la ex ESMA a partir de 24 de marzo de 1976, cuando una junta militar derrocó al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón.
Los jueces que integrarán el tribunal tienen previsto escuchar a 900 testigos durante la duración del proceso.
Entre los casos previstos de análisis se encuentran los denominados "Vuelos de la muerte", los asesinatos de personas que eran arrojadas vivas desde aviones al río de la Plata o el océano Atlántico.
Según la investigación de diferentes organismos defensores de los Derechos Humanos, unas 5.000 personas estuvieron detenidas ilegalmente en las instalaciones de la Escuela Mecánica de la Armada, fueron torturadas y asesinadas.
El edificio de la ESMA fue transformado en 2004 en un Espacio de Memoria y Derechos Humanos, en el que funciona un museo y se realizan actividades culturales y de reflexión.
En 2003, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner declaró la nulidad de dos leyes que paralizaban los procesos judiciales contra los imputados como autores de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Dos años después, la Corte Suprema de Justicia argentina avaló la invalidez e inconstitucionalidad de aquellas normas sancionadas en la década del ochenta.
Fuentes: DPA, Veintitrés, Los Andes y Página/12.