El primer paso lo dará hoy el presidente de la AFSCA, Martín Sabbtatella, con una conferencia de prensa en la que presentará el cuadro de situación de 25 grupos mediáticos, entre ellos Clarín, que deben ajustarse a Ley 26.522.
Para el gobierno nacional, se trata del inicio de la cuenta regresiva hacia el 7D y el principio del fin del actual mapa de medios. Según publica hoy Tiempo Argentino, hasta el 7 de diciembre el procedimiento de adecuación será voluntario y, superado ese plazo, el organismo actuará de oficio para aquellos que incumplan la normativa.
La de hoy será la segunda conferencia de prensa de Sabbatella en 24 horas. El titular de la AFSCA salió ayer a desautorizar a un funcionario de su área aunque
eligió no criticarlo sino defenderlo. Se refirió a la descontextualización que sufrieron los dichos del coordinador de la zona norte del organismo Nicolás Cherei y advirtió que “hay una campaña para poner a la Ley de Medios como una herramienta para controlar líneas editoriales”.
La conferencia de prensa de hoy a las 10:30 en la Manzana de las Luces será clave porque no sólo determinará el estado de situación de los grupos mediáticos que exceden los límites de licencias establecidos por la Ley de Medios, sino que determinará el procedimiento que llevará adelante la ASFCA para garantizar la aplicación integral de la normativa.
El titular de la AFSCA identificará a los 25 grupos que hoy incumplen con la norma que ya tiene tres años de existencia. A partir de ese momento comenzará un proceso que, para el informe de Sabbatella, tiene como un primer plazo el 7 de diciembre próximo. Hasta ese día, todos los grupos mediáticos que estén excedidos en la cantidad de señales permitidas por la ley pueden elevar una propuesta de adecuación, indicando cuáles serán las empresas de medios que
se desprenderán o que pueden quedar a cargo de socios que se desvinculen empresarialmente. Un paso que se complementará con el estudio y la aprobación
de esa adecuación por parte del directorio de AFSCA. A partir de esa aprobación,
comienza el plazo de ejecución. En todo este lapso, el grupo que tenía esas licencias debe garantizar la prestación del servicio de comunicación y, sobre todo, las fuentes de trabajo.
Una vez superado el 7D, el Estado tendrá la potestad de llevar el proceso de adecuación de oficio. A partir de ahí es la AFSCA la que determinará el valor de
todas las señales que tenga un grupo mediático, seleccionará las que deberán ser
licitadas e iniciará este procedimiento. El anterior propietario deberá mantener
también el servicio y las fuentes de trabajo hasta tanto se haga cargo el nuevo
titular de la licencia.
Hay una diferencia importante entre hacer la adecuación de forma voluntaria y la de oficio, dice la nota firmada por Felipe Yapur y Gustavo Montiel en Tiempo Argentino. En el primer caso, el propietario puede decidir de qué señales se desprenderá. En el segundo caso, ya es el Estado el que define y realiza la totalidad del procedimiento.
Desde julio último el periodismo presencia en el día a día una situación inédita. El principal multimedios de la Argentina y el Gobierno nacional sostienen batallas en todos los frentes del Estado argentino (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Todo resulta demasiado complejo para que el lector pueda entender. Desde operaciones de prensa, información sesgada, posiciones editoriales hasta declaraciones políticas interesadas empujan al que se expone a los medios de comunicación a que tome una posición: a favor o en contra del Gobierno nacional. A favor o en contra del Grupo Clarín. DsD presenta aquí una síntesis para todos aquellos que primero quieren saber de qué se trata; y sólo recién después opinar. “Esperando el 7D” se actualizará cada vez que la información sea relevante. El “7D” ya comenzó: en qué frentes ganó y perdió el Gobierno nacional. Dónde el Grupo Clarín. Desinformación intencionada.
"Batalla de Estado": el informe de Diario sobre Diarios
El Grupo Clarín ganó la batalla en octubre último en el Consejo de la Magistratura por la designación de un juez subrogante. Pero el Gobierno nacional logró neutralizarlo en las designaciones de jueces en una Cámara. Y la Casa Rosada obtuvo su mayor victoria en el otro poder, el Legislativo, con dictámenes en el Senado y en Diputados a favor del proyecto “per saltum”. Los tres poderes que constituyen el Estado son escenarios de la batalla entre el Gobierno nacional y el principal multimedios de la Argentina. O sea, el mal llamado “cuarto poder”. Todos los “poderes” están involucrados. Nunca visto.
DsD presenta aquí lo hechos más significativos desde julio de 2012 al presente. Una síntesis y un relevamiento propios editados y escritos para facilitarle la comprensión al lector de Diario sobre Diarios (DsD). No habrá en esta Zona Dura conclusiones -al menos hasta después del 7D- para evitarle al lector mayores intencionalidades. La conclusión es del Lector.
La Batalla que gana el Grupo Clarín (episodio Magistratura)
A fin de setiembre, el Consejo de la Magistratura anunció que se reuniría para la designación de jueces federales, entre ellos de quien se ocuparía de dictar sentencia en la causa que resolverá la inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios que se instruía en el juzgado federal en lo Civil y Comercial N° 1. Un particular rol cumplieron en este episodio las agencias de noticias Télam (Gobierno nacional) y la agencia DyN (Diario y Noticias, del Grupo Clarín). Por momento fue una verdadera “guerra de cables”.
Lo que a priori parecía una mera decisión administrativa, pronto se trasformó en un campo de disputa entre los actores en pugna.
El domingo 30 de septiembre, Perfil anticipó que se iba a realizar el lunes una “audiencia decisiva” para nombrar al juez. El diario del fin de semana difundió que las candidatas eran María Lorena Gagliardi, funcionaria de la flamante Agencia de Administración de Bienes del Estado, y Marisa Alejandra Garsco, subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El mismo lunes, Clarín calificó la posible designación de Gagliardi como una “maniobra oficial” para imponer un juez en el Consejo de la Magistratura. Asimismo, adelantó que el kirchnerismo pensaba recusar al juez Ricardo Recondo y al diputado de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad. Ámbito Financiero señaló que al oficialismo necesitaba un voto más para aprobar el concurso. Al día siguiente, el propio Clarín difundió que Gagliardi recusó a Recondo y que la reunión se pasó para el jueves de esa semana para designar al magistrado de un “juzgado clave”.
Se produjo entonces un hecho que aún hoy -por más que se lean varios diarios y portales web- permanece en la oscuridad del periodismo. El miércoles 3 de octubre, La Nación, Página/12 y El Cronista indicaron que la Corte Suprema avaló al juez jubilado Raúl Tettamanti como subrogante a cargo del tribunal en lo Civil y Comercial Federal número 1, que está a cargo de la causa por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
El diario de los Saguier y el periódico salmón publicaron que Tettamanti estaría a cargo hasta que sea nombrado un nuevo juez. Mientras tanto, Irina Hauser planteó en Página que el magistrado está en “off side” y que su postulación fue “el disparador anteayer de la denuncia y recusación contra el consejero de la Magistratura Ricardo Recondo”.
El “revés” que sufrió el Gobierno nacional para nombrar a Gagliardi en el juzgado número 1 fue difundido por todos los matutinos. Clarín indicó que no prosperó la “maniobra K” mientras que La Nación señaló que “la oposición” frenó el concurso de la designación del juez que fallará sobre el caso Clarín. A la vez, Página/12 lamentó “Una designación otra vez postergada”. Ámbito Financiero , por su parte, publicó que “Opositores atados a la silla” frenaron la designación de jueces. El Gobierno nacional derrotado por la designación de Tettamanti retomó la ofensiva, horas después.
En una entrevista publicada el sábado siguiente en Página/12, el ministro de Justicia, Julio Alak, cargó contra la designación de Tettamanti. Además, sostuvo que “hay presiones del poder económico y del poder mediático” en torno a la disputa que se libra en el Consejo.
Luego de estas declaraciones, el lunes 10, la noticia fue la renuncia de Tettamanti. Increíble pero real: todos los matutinos, incluido Página, coincidieron en señalar que la decisión del juez tuvo que ver con la “presión” ejercida por el funcionario nacional.
Hubo que esperar hasta el 27 de octubre para entender los hechos que se sucedieron entre el 11 y el 26 de octubre. Perfil en su edición del 27/10/12 difundió una primicia: durante el período en el cual Tettamanti ofició de juez subrogante, el Grupo Clarín presentó –en octubre- un escrito solicitando la extensión de la cautelar vigente que suspendió el proceso de desinversión previsto por la ley de Medios. Pero el juez –que el Gobierno acusó de fallar en otros casos a favor del Grupo Clarín- decidió esta vez rechazar el pedido. Precisamente el “rechazo” le facilitó las cosas a los abogados del multimedios: la causa pasó en total sigilo a manos de los tres integrantes de la Sala I: Francisco de las Carreras, Martín Diego Farrel y María Susana Najurieta.
¿Por qué esta resolución de Tettamanti no se conoció en octubre?
Perfil -en la pluma de Mariano Confalonieri- lo explicó así: “Tanto la Casa Rosada como el Grupo Clarín lo mantuvieron en secreto. La empresa, porque sostiene que lo que le interesa es que se resuelva la cuestión de fondo (si es constitucional la desinversión). La maniobra para volver a frenar la ley contradice el argumento anterior. El Gobierno, porque ganó tiempo para denunciar a los camaristas y condicionarlos a la hora de fallar”.
Días después, los matutinos remarcaron que fracasó una nueva sesión en el Consejo y advirtieron que habría una rotación semanal de magistrados hasta que sea designado un juez a cargo de la causa. Finalmente el viernes 19 los periódicos apuntaron la decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal de nombrar a Horacio Alfonso como nuevo subrogante “fijo” en el juzgado número 1 ya que se eliminó la rotación semanal de magistrados. Pero en esta instancia, la causa por el artículo 161, ya no estaba en ese juzgado sino en la Cámara. Esta batalla, la ganó Clarín. Empezaba otra; la Cámara.
El fallo de la Corte
La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en octubre de 2009, lejos de culminar un proceso de recomposición del mapa mediático, abrió un nuevo capítulo en la “batalla” que libran el Gobierno nacional y el Grupo Clarín. La estrategia para frenar su aplicación por parte de Clarín fue la judicialización de la normativa a partir de un planteo de inconstitucionalidad de dos artículos de la LSCA: el 45, que fija un límite de licencias; y el 161, que estipula el plazo de un año para adecuarse a la normativa.
El Centro de Información Judicial señaló el 23 de mayo que “La Corte advirtió que, habiendo vencido el plazo del art. 161 de la ley 26.522 el día 28 de diciembre de 2011, por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.”. A su vez, indicó que el máximo tribunal calificó a las medidas cautelares como “resoluciones jurisdiccionales precarias, no definitivas”. Sin embargo, el fallo, según la postura del especialista Martín Becerra, no sólo limitó el alcance de la cautelar que beneficia Grupo Clarín sino que también marcó críticas hacia el Gobierno. En “Un fallo con pistas claras sobre el futuro”, publicado en La Nación , Becerra sostuvo que la Corte cuestionó al Poder Ejecutivo “por su modorra en la aplicación de la ley” y porque señaló que el plazo de adecuación concluyó para los demás grupos mediáticos el 28 de diciembre de 2011 y que la autoridad de aplicación “no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa en cuestión“.
Tal como planteo DsD en su Zona Dura “¿Desconcentración para todos?” , el fallo de la Corte Suprema abrió la posibilidad de un reacomodamiento mediático. Si bien no opinó sobre la inconstitucionalidad de los artículos en pugna, fijó un límite sobre el alcance de la medida cautelar que obtuvo el Grupo Clarín y frena la “desinversión” o desmonopolización”, que debería realizar de acuerdo a lo que marca la ley, mientras se resuelve la cuestión de fondo. Las distintas interpretaciones sobre el fallo, sujetas a la “partidización” propia de los medios en la actualidad, se mantuvieron fuerte en las páginas de los diarios durante una semana para apagarse a lo largo de junio. Las miradas oscilaron entre señalar, por un lado, que el Estado podrá finalmente exigir la adecuación de licencias a Clarín y, por el otro, criticar al Gobierno por buscar una “aplicación selectiva” de la LSCA.
El “empate” (episodio Sala Uno)
El jueves 25 de octubre Clarín, Ámbito y El Cronista fijaron su mirada en el Senado ya que sería debatida la lista de conjueces presentadas por el Poder Ejecutivo para cubrir las subrogancias en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Como aún no se conocía la primicia del diario del fin de semana (Perfil del 27 de octubre, en el sentido que la causa ya había pasado a la Cámara), la mayoría de las crónicas creían que ambos factores en pugna se estaban preparando para la batalla en la instancia superior al juzgado. No era así: la causa ya estaba en la Sala I y en manos de Francisco De las Carreras, Martín Diego Farrel y María Susana Najurieta.
Por entonces, Clarín señaló el intento de impugnación de la sesión por parte del radicalismo, mientras que Ámbito previó que era “difícil” que no haya sesión. Finalmente, los pliegos enviados al Senado fueron aprobados pese a las acusaciones de la UCR. Cumplida la formalidad, empezaba la batalla de fondo.
El sábado 27, Página/12, La Nación y Perfil señalaron la recusación del camarista Francisco De las Carreras. La denuncia realizada por el Ejecutivo fue por un viaje a Miami realizado por el camarista que habría sido pagado por el Grupo Clarín. Perfil, por su parte, añadió que también fue recusado el camarista Martín Farrel, en este caso, por “haber intervenido anteriormente en una causa que involucraba al Grupo Clarín”. Días después, el camarista renunció junto a su colega Santiago Kiernan, otro juez jubilado. Ámbito creyó que las renuncias están relacionadas al “clima turbulento” que se vive en la Cámara. Los diarios advirtieron que los reemplazantes saldrían de la lista de conjueces aprobada la semana anterior por el Senado. El fin de semana siguiente, todos los matutinos retomaron la recusación contra De las Carreras y, salvo Página/12, la calificaron como “presión”.
El jueves 8 de noviembre irrumpió en las páginas de Clarín, La Nación y El Cronista una solicitada firmada por “cientos” de dirigentes políticos, intelectuales, periodistas, abogados, ex jueces y otros profesionales que exhibieron su “preocupación” por la “embestida” del Poder Ejecutivo contra los miembros del Consejo de la Magistratura, los camaristas de los fueros Civil y Comercial Federal y contra la propia Corte Suprema. El texto nada decía sobre el poder de “lobby” que tiene el multimedios más grande del país en la Justicia.
Perfil y Página/12 difundieron este fin de semana que el fiscal Eduardo Taiano dio curso a la denuncia del Gobierno contra De las Carreras ya que hay “indicios” para investigarlo.
Muy pronto, el oficialismo evaluó que la “recusación” de los jueces en la Sala I, y la posterior designación de otros, le llevaría mucho tiempo. Más de lo que cuenta. Esta situación que aún continúa, de “empate” técnico, llevó a la Casa Rosada y al bloque de legisladores propios a dar otra batalla: el “per saltum”.
La batalla que gana el oficialismo (episodio “per saltum”)
El punto muerto que alcanzó la disputa en el Consejo de la Magistratura hizo que el oficialismo apostará a otra estrategia para resolver la aplicación de la LSCA antes del 7D: el “per saltum”. El Frente para la Victoria, de la mano del senador Miguel Angel Pichetto, presentó en el Congreso el 17 de octubre un proyecto para reglamentar el per saltum. Este recurso implica que una causa judicial pueda “saltar” una instancia judicial y, sin esperar, llegue directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su resolución. La reglamentación incluye la posibilidad de que el máximo tribunal acepte o rechace el recurso que pueda presentar el Poder Ejecutivo.
Por entonces Clarín y La Nación editaron al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en su alocución ante la Conferencia Nacional de Magistrados. En particular, editaron al supremo instando a los jueces a que “no cedan a las presiones”, en un potencial contexto de réplica a Pichetto. Por esos días tanto el columnista Horacio Verbitsky en Página/12 como Víctor Hugo Morales en Radio Continental se esforzaron por mostrar que Lorenzetti había dicho en realidad que los jueces “no podemos ceder frente a las presiones ni del Gobierno ni de las corporaciones”.
Clarín destacó en sus ediciones de entonces solamente las voces en contra del proyecto y señaló que la figura procesal “puede usarse como método de presión”. A su vez, al igual que otros matutinos, indicó que el per saltum fue utilizado por el menemismo en la década del 90 para privatizar Aerolíneas Argentinas.
El viernes 2 de noviembre, los matutinos porteños señalaron que el per saltum -que había recibido media sanción del Senado dos días antes- sumó el dictamen de la Cámara de Diputados. Alineados entre sí, Clarín , La Nación y El Cronista cargaron contra el “tratamiento exprés” del proyecto.Página/12 , de la mano de Miguel Jorquera, precisó que recibirá tratamiento el próximo miércoles 14 de noviembre. Todos los matutinos recordaron que el proyecto estipula la actuación de la Corte Suprema en causas judiciales de “extrema gravedad constitucional” y prevén que la figura procesal habilitará al máximo tribunal a recibir la causa que tramita la plena aplicación de la LSCA. El oficialismo se apresta a celebrar su primera victoria en la batalla del 7D.
Así creen que será el 7D
La consolidación del 7 de diciembre como “7D” surgió el fin de semana del 23 y 24 de septiembre a partir de la difusión de un spot por parte del Gobierno nacional, en los entretiempos de las transmisiones de Fútbol para Todos. Allí, se planteó que a partir del 7 de diciembre, fecha de vencimiento de la cautelar, entrará en vigencia el artículo 161 de la LSCA que “ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias”.
La respuesta del Grupo Clarín fue inmediata y apostó a contrarrestar el aviso oficial con un spot que denuncia que “aunque el Gobierno quiera instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada”. El 24 de septiembre, el vocero del Grupo Clarín, Martín Etchevers ratificó: “El 7D no va a pasar nada”.
Hacen foco en el 7D
El 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo propuso al diputado nacional Martín Sabbatella para reemplazar al frente de la AFSCA a Santiago Aragón. El legislador de Nuevo Encuentro es quien más foco hizo en que el 7D es un punto de inflexión: “Las empresas deberán tener presentado y aprobado el plan de desinversión, sin necesidad de que esté terminado el proceso”.
Sin embargo, un simple relevamiento demuestra que existe mucha confusión con respecto a la fecha, y diversas expectativas. Cada una de las partes en pugna apostó a consolidar su propio logo sobre el 7D: Clarín optó por letras rojas, al igual que su logotipo; el Gobierno por letras blancas sobre un fondo verde. Ambos ilustran esta Zona Dura.
El 7D recién empieza
Sin embargo, para la ex legisladora Silvia Vázquez “lo del 7 de diciembre implica que empieza a correr un plazo, si el juez que tiene en sus manos la causa por inconstitucionalidad no la resolviera, empieza a partir de allí a correr un plazo, el plazo que tiene el artículo 161, que es de un año”.
El 7D termina
Otra interpretación diametralmente opuesta fue difundida por la agencia estatal Télam que al consultar a Gustavo Arballo, secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, sostuvo que “el plazo de desinversión ya transcurrió” y agregó que el 7 de diciembre finaliza el plazo de desinversión, según se desprende de la “lectura misma” del fallo de la Corte. Sin embargo, advirtió que “objetivamente no pasaría nada demasiado importante” ese día aunque señaló que el Estado estará habilitado para intimar a Clarín. Los medios que superen las licencias podrán “presentar una propuesta genérica y el Estado considerar si la acepta, modifica o desestima”, concluyó Arballo.
Los que creen en el 8D
Para Gustavo López, Subsecretario General de la Presidencia, el día en el cual “Todas las miradas están puestas es el 8 de diciembre”, según sostuvo en Página. El funcionario apuntó que a partir de esa fecha se aplicará “la ley de medios en su integralidad” y agregó que, “como señaló Cristina Fernández de Kirchner, todos los grupos deberán ajustarse a derecho”.
El día sería el 10D
El domingo 29 de octubre, Mario Wainfeld analizó en Página/12 el trabajo que deberá realizar la AFSCA. En primer lugar, señaló, que conviene hablar de 10D por cuestiones administrativas e indicó que en esa fecha el organismo “corroborará cuántos conglomerados presentaron un aceptable programa de adecuación a los topes de licencias”.
Y hay quienes miran al 23E
En fuentes periodísticas relacionadas con el Gobierno nacional también circulan versiones como la siguiente: El Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) reglamentó el Proceso de Adecuación para los Titulares de Licencias de Servicios y Registros Regulados por aquella norma, a través de su Resolución 297 del año 2010.
El primer punto de esa norma, no faculta al organismo a accionar de manera directa sobre los grupos que, supuestamente, superan el número de licencias permitidas. Solo lo autoriza a pedir que los incursos en ese incumplimiento presenten “en el plazo de treinta (30) días, la propuesta de adecuación y la planilla individualizada como Declaración Jurada de Servicios o Registros.
Y ahí sí, el almanaque empieza a dejar caer las hojas finales de esta primera parte de la historia. Treinta días, un mes, que a juicio de quienes conocen de leyes, usos, costumbres y relojes judiciales, deberían incluir solo los “hábiles administrativos”, lo que llevaría el 7D al lunes 21. O martes 22 enero de 2013.
¿Y que podría ocurrir el 7D?
De todas las especulaciones que corren, algunas de ellas llegan con formato de rumor a las páginas de algunos diarios. Y su publicación a favor o en contra del Gobierno o el Grupo Clarín -debe advertir el lector- tampoco resulta inocente. Quien ha publicado información al respecto -que luego fue tomada por otros medios sin fair play- fue el veterano Julio Villalonga . En su nota, “El Club de la pelea” arriesgó lo siguiente:
“Como Clarín no va adecuarse a la Ley de Medios, el ente que dirige Martín Sabbatella tomará la decisión administrativa que anunciamos: declarará la caducidad de las licencias excedentes de Cablevisión. Se trata, en principio, de 216 licencias, pero comenzará priorizando a aquellas que se superponen en una misma ciudad, como en los casos de Rosario y Córdoba, debido a que cuando Multicanal (la empresa de TV por cable de Clarín) se fusionó por absorción con Cablevisión, en 2006, la nueva empresa se quedó con las dos licencias, lo que dicho sea de paso ya era ilegal si se aplicaba la ley de Radiodifusión vigente antes de la sanción de la Ley de Medios. En segundo término, hará caducar las licencias de radio o televisión que Clarín no pueda conservar porque ya dispone de licencias de TV por cable en esa misma ciudad. Simultáneamente, el AFSCA se presentará ante un juez federal para pedir la intervención judicial de las empresas correspondientes en aplicación de la mentada Ley de Medios por considerar que se han caído todos los plazos previstos para adecuarse a ella. Si el juez llega a ordenar esa medida, Clarín la apelará de inmediato por lo que previsiblemente llegará a la Cámara que está siendo bombardeada por el Ejecutivo, cuya decisión a su vez será rechazada por el Gobierno, que apelará ante la Corte”.
Mariano Obarrio en La Nación -periodista acreditado en la Casa Rosada- sostuvo que “el Gobierno no descarta intervenir Cablevisión, el corazón del negocio de Clarín”, y expresó que el oficialismo no descarta “la intervención de la fuerza pública”. Andrés Sanguinetti también señaló una posible “intervención” en las páginas de El Cronista.
El fin de semana siguiente, Obarrio retomó en La Nación el planteo y sostuvo que el Gobierno nacional teme que el 7D “no cambie nada” ante la posibilidad de que la Justicia renueve la medida cautelar. Por ello, sostuvo que su estrategia fue “arremeter con denuncias y recusaciones” contra los integrantes de la Cámara Civil y Comercial para impedir la extensión de la cautelar.
Ese mismo fin de semana, Perfil anticipó los preparativos del Grupo Clarín ante una “eventual intervención” del Gobierno en Cablevisión. El bisemanario indicó que fue montado un “búnker” en la puerta del edificio central de la cableoperadora con 15 empleados de seguridad y varios puestos de control.
También hubo lugar para rumores de reuniones conspirativas. Tanto Perfil como Ámbito publicaron que hubo sendas reuniones entre directivos del holding y políticos de “la oposición”. Esto incluyó encuentros con “operadores” de Mauricio Macri, “allegados” de Hermes Binner, “asesores” de José Manuel de la Sota y una reunión entre el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum; el director de Relaciones Externas, Jorge Rendo; y el diputado Francisco De Narváez.
Por lo pronto, el último fin de semana, La Nación y Página/12 anticiparon los pasos que seguirá la AFSCA y los anuncios que realizará su titular esta semana. En el diario de los Saguier, Obarrio citó al diputado Sabbatella, quien confirmó que presentará en conferencia de prensa un informe que difundirá la situación “de 25 grupos de medios que incumplen la norma y dirá cómo se concursarán las licencias de los que superen el límite permitido”. Mariano Confalonieri, en Perfil, agregó el sábado 10 de noviembre el Gobierno prepara un “piquete anti-Clarín” y que en Cablevisión, supuestamente, ya existieron simulacros de evacuación.
Mario Wainfeld, en Página, afirmó que el titular del organismo confía en que, a excepción de Clarín, “todos los Grupos habrán presentado propuestas de adecuación correctas al cierre del 7D”. Además, consignó que la presentación de Sabbatella incluirá el “esquema de acciones ulteriores al 7D”. Wainfeld indicó que en la conferencia de prensa será difundida la tasación de las licencias que queden disponibles, los criterios básicos de las licitaciones y las condiciones y plazos previstos para la adjudicación.