El caso de Alfonso Severo, secuestrado antes de declarar por la muerte de Mariano Ferreyra, puso en tela de juicio la protección del Estado a los testigos en situación de riesgo. En Mendoza, indicaron que existe un programa específico pero, al igual que funcionarios nacionales, dijeron que debe ser la Justicia la que solicite la protección.
El responsable del Programa de Protección de Testigos de la provincia, Alejandro Gil, señaló que actualmente unos 80 mendocinos están bajo la tutela del Ejecutivo. Según precisó el funcionario del Ministerio de Seguridad (es subsecretario de Relaciones con la Comunidad), se trata de 21 testigos más los integrantes de sus familias.
La protección que brinda el Estado difiere de acuerdo con el caso: desde la custodia intermitente de móviles policiales en los domicilios, hasta el cambio de identidad y traslado de las familias a otras jurisdicciones. "Si una familia está en una situación de alto riesgo, hay que trasladarla lo más lejos posible", precisó, en diálogo con MDZ Online.
Severo declaró hoy en la Fiscalía.
De todas maneras, Gil insistió en que la inclusión de una persona en el programa debe ser ordenada por el fiscal de la causa, y no por el Gobierno provincial. Asimismo, según agregó el entrevistado, el fiscal deberá ser quien determine las medidas de protección que implementará el Ministerio de Seguridad.
"Se hace en extremo secreto. Ni yo sé quiénes son los testigos. El fiscal directamente da la orden al personal y sólo me reportan los gastos que implica", continuó Gil. En cuanto a los recursos, varían de acuerdo con cada caso. "Si hay que trasladar a la familia, hay que pagar alquiler, conseguir trabajo al padre, cambiar a los chicos de escuela", ejemplificó.
En este contexto, el presupuesto anual destinado al Programa de Protección de Testigos es variable. Inicialmente, se cubre con partidas de Seguridad y en caso de requerir más dinero, es el Ministerio de Desarrollo Social el que aporta el faltante. "Hay cosas que no tienen precio", finalizó Gil.