El secuestro y posterior asesinato de Candela Sol Rodríguez, más allá del drama familiar y el oprobio social que implica, podría tener una única consecuencia saludable si se abre el debate sobre los límites éticos al ejercicio de la profesión periodística.
La cobertura de este hecho deja en evidencia que los medios masivos, en particular la televisión, están en un proceso de deterioro sin antecedentes y que tiene su eje en la renuncia a atenerse a ciertos valores básicos que le dan cohesión a una sociedad.
Hablamos de valores morales como el respeto a la intimidad, en especial en un caso como el de Candela. Hemos asistido azorados a una escena que la voracidad de los noticieros televisivos podría habernos ahorrado si existiera un consenso previo, civilizado, acerca de dónde parar. Las cámaras de C5N llegaron a un par de metros del lugar en el que la madre de Candela debió reconocer el cadáver de su hija, junto al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal.
Aquí se añade al cóctel de la locura mediática un toque de gravedad institucional. ¿Cómo fue que la seguridad del gobernador permitió que un canal de noticias transmitiera en vivo ese momento absolutamente privado y dramático? Con estupor vimos la manera en que un funcionario abría una bolsa azul, la madre se agachaba y corroboraba que esos restos eran los de su hija de 11 años. La natural explosión de Carola fue seguida en vivo por millones de argentinos. Al lado de la mujer, visiblemente emocionado, se lo veía a Scioli, que acudió raudo a la zona de Villa Tesei en cuanto sus colaboradores le avisaron que habían hallado el cadáver de Candela.
El mandatario provincial está siendo linchado mediáticamente por el fracaso de la Policía Bonaerense en este caso. En medio de una campaña electoral que parece haberse muerto el 14 de agosto, Scioli lo último que querría es que el caso Candela trepe hasta ocasionarle algún trastorno político en las elecciones generales del 23 de octubre.
Pero, más allá de su voluntad, este caso ya está instalado en la campaña. Y lo está aproximadamente en estos términos: el secuestro y muerte de la nena es parte de la grave situación de inseguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires, producto a su vez de la falta absoluta de gestión del gobernador y su equipo. Quienes así opinan, enlazan los hechos de este modo: el padre preso de Candela lo está por ser pirata del asfalto, una modalidad que opera necesariamente asociada a los nichos de corrupción de la Policía Bonaerense. El asesinato, entonces, es producto de un enfrentamiento entre mafias que el Ejecutivo provincial no ha podido controlar. Si se sigue esta línea se advertiría que tanto la madre de Candela como su esposo preso conducen a los brazos asistenciales del duhaldismo. Nadie ha señalado este hecho: sucede que no sirve a los efectos de probar la tesis de que es otro caso de inseguridad.
Según nuestra visión, el mayor "pecado" de Scioli es ir detrás de los temas cuando estallan con un esquema de "control de daños" que apenas aspira a eso, a reducir el impacto, en particular mediático, del incidente en cuestión. Hija de este modelo de gestión es la relación privilegiada del mandatario provincial con los medios, filtro indispensable entre su administración y los ciudadanos.
Aquí es donde se cruzan el deseo de Scioli por mostrar cercanía con lo que sucede, con el interés de un medio por estar allí mismo en situación de ventaja con sus competidores. Para conseguir esta combinación hace falta que la Policía Bonaerense no le ponga límites al trabajo de un móvil como el de C5N. Y así fue.
De cara al futuro, probablemente la cúpula del gobierno provincial haga una autocrítica. Más difícil es que la encare el canal de Daniel Hadad. Y si lo hace, luego de haber cruzado este límite ahora y muchos otros en el pasado, resultará poco creíble.
Volviendo al caso en sí, no nos cabe duda de que es muy difícil separar el asesinato de Candela del clima de inseguridad que se vive en el conurbano bonaerense. Que además de exhibir una compleja trama de razones que explican este estado de cosas, es casi inabordable, porque nadie discute con honestidad intelectual.
No lo hacen los garantistas y tampoco los "manoduristas" cuando estiran las cifras de las estadísticas para que digan lo que les conviene que digan. Y, estén en el bando que estén, no lo hacen los gobiernos nacional y provincial. El primero, porque susbiste –y no muy larvado– el enfrentamiento entre Scioli y Casal con la ministro de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y su principal sostén ideológico en la materia, el periodista Horacio Verbitsky.
El triunfo de la presidenta Cristina Kirchner en las primarias del 14 de agosto le insufló mayor fuerza a Garré y a sus sostenes dentro y fuera del Gobierno, y el "caso Candela" les sirvió en bandeja otro ejemplo de lo que no debe hacerse en situaciones de crisis.
Dos falencias, insistimos, convergieron en este episodio: la actuación sin control de las mafias del Conurbano, incluso asociadas a sectores de la policía; y la debilidad estructural de la Administración Scioli, que depende más de la imagen que de ella entreguen los medios aliados que de sus propias políticas de contención del delito.
Otra cuestión es el contexto social en el que tuvo lugar el secuestro seguido de muerte de Candela Rodríguez. El manejo de la madre, con la utilización de los medios incluida, dejó en evidencia el revés de la trama del delito estructural en el conurbano. El temor a quedar desubicado políticamente llevó a Scioli a participar del público reconocimiento del cadáver de la nena. El mismo miedo gubernamental, una suerte de culpa estatal no asumida, le abrió las puertas de la Casa Rosada a Carola, la mujer que antes y después se comunicaba con los captores de su hija a través de las señales de noticias advirtiéndoles que tenían "la manzana rodeada" y que no pensaba pagarles el rescate. Sabemos ahora, "gracias" al caso Candela, que los secuestros de familiares entre narcos y otros delincuentes en suelo bonaerense son moneda corriente. ¿Es compatible esta realidad con la imagen de progreso en la lucha contra el delito que busca dar Scioli?
Por otra parte, este affaire permitió comprobar que los sectores más oscuros de la política siguen activos. Y que la falta de ética de los medios se emparenta con una bárbara instrumentación política de la muerte.
En la semana en que Candela estuvo secuestrada, las redes sociales fueron el ámbito en el que comenzaron a derramarse versiones, casi nunca confirmadas, de secuestros de niños en los partidos más populosos del Gran Buenos Aires. Incluso una camioneta Traffic blanca como la que finalmente se secuestró, cuya patente comenzaba con las letras "BPK", fue vista y reportada en Facebook por varios vecinos de Isidro Casanova. Las campañas de acción psicológica sirven si se montan sobre un hecho real. Y la paranoia en esos días ya era otra parte de la realidad.
Un punto de rating en la televisión abierta equivale a 150.000 televidentes. La mitad representa ese punto en la TV por cable. La cadena de Hadad transmitió el "caso Candela" casi en continuado y las críticas que recibió su cobertura en los medios del Grupo Clarín parecen tener que ver con que "se quedaron afuera" del caso, de lo que acusan al propio Scioli.
Podemos decir que, frente al "minuto a minuto", la medición histérica del rating en los canales, un planteo desde la ética suena como la propuesta de un extraterrestre. Así las cosas, puede que se imponga algún tipo de control estatal de los contenidos como los que ya existen en la legislación de varios países europeos. Si algún día eso ocurre, quienes lo propongan y lo impulsen –nos adelantamos– dirán que lo hacen para "defendernos" de nosotros mismos. Los que hacen televisión con el medidor de rating en una mano y el tarifario en la otra, defensores de la libertad en términos absolutos, dirán que esa libertad corre peligro. No será cierto, a la libertad la rifaron ellos hace tiempo.
*Director de gacetamercantil.com
Twitter: @villalongaj