Resulta excepcional que al presidente de un país se lo condene a siete años de cárcel más otros adicionales de libertad condicional por dos casos de violación y uno de acoso sexual. Las penas, cuando se aplican por estos delitos, suelen ser mucho menores, incluso en Israel, donde ha tenido lugar la sentencia. Pero ocurre que allí no todos los ciudadanos son iguales, porque las penas más duras se aplican a quienes ejercen responsabilidades públicas. La altura de un cargo es la altura de su responsabilidad. Mientras más elevado, más severo es el castigo. Por más que el ex presidente Moshé Katsav haya llorado e insistiera en su inocencia; por más que muchas personalidades comentasen que era un día de luto para la nación, no se cuestiona que se lo haya juzgado y condenado de forma ejemplar.
En Israel, la justicia es una instancia sagrada, con una tradición de treinta siglos, por lo menos, desde la legendaria entrega de la Tablas de la Ley. La dispersión del pueblo judío no disminuyó la fuerza de ese apego a la ley, sino que fue reconstruida mediante tribunales rabínicos o los tribunales que se formaban con las personas más dignas de cada comunidad, por pequeña que fuese. La independencia del Estado de Israel reactivó el apego a esa llama del orden social, y desde el comienzo se puso la justicia por encima de los demás poderes republicanos. La nueva sede de la Corte Suprema en Jerusalén fue levantada sobre una colina más alta que la del Parlamento y todos los ministerios, para que esa sola referencia simbolice la fortaleza de su poder.
En ese país, no todos son santos, desde luego. Pero cuando alguno cruza la raya de la legalidad o comete un delito, no escapa al juicio ni a la correspondiente pena. Mucho más estricta -insisto- si esa persona tiene relieve en la sociedad u ocupa un cargo público. Por eso, digo que allí la justicia no es igual para todos: quienes más alto llegan, más alto precio tienen que pagar por su falta.