Lejos de haber cejado, la presión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre las consultoras que elaboran índices de precios se ha intensificado. Pero el funcionario no quiere darse por enterado de que las mediciones privadas se suceden porque, de alguna forma, la sociedad ha debido subsanar el deplorable y fraudulento trabajo del Indec.
A través de la agencia oficial de noticias y de otros canales, pero aún sin notificación oficial, Moreno ha hecho saber que ha decidido aplicarles penalidades a importantes centros de estudios privados por haberse comprobado transgresiones a la ley de lealtad comercial.
Se trata de una interpretación claramente inapropiada e inaplicable al caso. El artículo 9 de esa ley, que es el que se trae a colación, dice que "queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios".
Los índices elaborados por las consultoras no están en las góndolas de los supermercados y en ningún caso han sido comercializados con el apoyo de publicidad y menos mediante engaño. Han sido suministrados a clientes y a medios de información, con la correspondiente aclaración sobre la metodología utilizada, las fuentes de información y la cobertura de las muestras en los casos en que se recolectó información primaria sobre precios.
Las consultoras ahora perseguidas han trabajado con muy diversos alcances y sofisticación. En algunos casos realizan relevamientos amplios; en otros, son sólo observatorios de trabajos estadísticos de otras instituciones. Pero en cualquier caso sus resultados son incomparablemente más fidedignos que los del Indec, porque éstos son simplemente falsos. El secretario de Comercio debería haber comenzado por enviar su extenso cuestionario al organismo oficial a su cargo, y no a las consultoras privadas.
A los efectos de dar más soporte a la actuación oficial se hizo trascender que ha habido una presentación de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires (Comafru), que a su vez depende del propio secretario de Comercio. Esa presentación alegaría que la información sobre aumentos de precios de las consultoras privadas no es veraz, ya que varios productos, y en particular el tomate, no registraron aumentos a lo largo de un año, como reflejan los índices privados de inflación. Según esa misma cámara, esto habría provocado una reticencia innecesaria y perjudicial de las amas de casa para adquirir sus productos. La realidad es que este tipo de juicios parecen apriorísticos o amañados y pueden ser cotejados y desmentidos con la información que pueden brindar las propias consultoras si se la solicita.
El índice de precios elaborado por FIEL muestra una inflación minorista del 23% entre enero de 2010 y enero de 2011. Sin embargo, el rubro verduras creció sólo el 10,1% y dentro de ese rubro, por razones climáticas y estacionales, el tomate redondo y el perita no sólo no aumentaron, sino que sus precios se redujeron en un 4,3% y en un 8,5%, respectivamente. La cámara denunciante debería haber revisado sus fundamentos antes de alinearse con el ataque oficial.
La actuación del secretario de Comercio frente a las consultoras privadas es un hecho aberrante. Intenta acallar y dañar a quienes han tratado de subsanar la ausencia de estadísticas veraces debido al fraude en el Indec, ideado y conducido por él mismo. Este funcionario opera en un marco de impunidad y de poder, como si la ciudadanía no percibiera la realidad y, además, careciera de memoria. A la cuestión del Indec debe agregarse gran cantidad de otros actos inaceptables, que si la Justicia aún no ha condenado sí lo ha hecho la opinión sana del país. Presiones y amenazas personales, "escraches", multas arbitrarias e indebidas, patoterismo y violencia constituyen el modus operandi del secretario Moreno.
No puede olvidarse su actuación cuasi mafiosa en Papel Prensa con el objetivo de desplazar a los accionistas privados. Tampoco puede dejar de recordarse la deplorable y fracasada operación con la ex papelera Massuh, que demandó cuantiosos fondos públicos, además de presiones a otras empresas para privilegiar a la rebautizada Papelera Quilmes, pese a lo cual terminó con 500 trabajadores en la calle. Un gobierno que ampara y utiliza este tipo de funcionarios y métodos no puede sino merecer la misma crítica y repudio que los aplicados al propio funcionario.
Fuente: La Nación