Cinco comisiones de Diputados comenzarán a analizar la Declaración de Impacto Ambiental del millonario proyecto minero San Jorge, emplazado en Uspallata, luego de que el Gobierno la enviara a la Legislatura para su aprobación, que incluyó cruces polémicos entre funcionarios del gabinete de Celso Jaque y hasta denuncias de tergiversación de estudios por parte de especialistas.
El proyecto a analizar contiene la ratificación de la “Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería, dependiente de la Subsecretaría de Hidrocarburos -del Ministerio de Infraestructura-; y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente.
Este expediente autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio que se enumeran en la resolución conjunta”.
Las cinco comisiones de diputados serán las siguientes: Obras Públicas; Hacienda y Presupuesto; Ambiente; Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales.
Los diputados comenzarán su trabajo el 22 de febrero, todos los martes, hasta el 30 de marzo. En este plazo, el plenario de comisiones recepcionará inquietudes de las organizaciones sociales y particulares preocupados en hacer conocer su parecer en relación al emprendimiento minero.
Transcurrida esa fecha, los legisladores se abocarán a la elaboración del despacho para ser analizado en el recinto, dentro de los 30 días que podrán ser prorrogables.
Cabe aclarar que, en cumplimiento de la Ley nº 7722, esta situación se da por primera vez en la Provincia, respecto a la ratificación legislativa necesaria frente al uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en torno a explotaciones mineras, contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental está firmada por el Director de Minería e Hidrocarburos y por el Director de Saneamiento y Control Ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto reglamentario nº 820 del año 2006.
La Declaración de Impacto Ambiental fue motivo de polémica porque en la misma figuraban citados tres especialistas cuyos estudios, según denunciaron, habían sido tergiversados y distorsionados por la minera.