De un minuto para otro, la inusual foto de un dirigente opositor esposado y rodeado de policías puso al rojo vivo el clima electoral.
Eduardo Duhalde se movilizó como pocas veces desde que dejó la Presidencia para defender a Gerónimo Venegas, el sindicalista más identificado con él. Habló con peronistas, radicales y macristas en busca de respaldo para instalar la idea de una persecución del Gobierno contra los opositores, ejecutada por el ubicuo juez Norberto Oyarbide. Habló también con oficialistas y con allegados al jefe de la CGT, Hugo Moyano.
La oposición se sumó previsiblemente a la teoría conspirativa. Pero, en el máximo sigilo, la caída de Venegas causó un alboroto acaso mayor en otros terrenos cercanos al kirchnerismo. Sobre todo en el mundo sindical, los grandes jefes saben que cualquiera puede ser el próximo.
En el enorme cúmulo de expedientes judiciales sobre la denominada mafia de los medicamentos hay pruebas que pueden comprometer desde Moyano a los históricos Gordos. Cerca de 80 obras sociales están sospechadas de haber participado del fraude al Estado y a sus afiliados descubierto hace tres años. Ya había caído preso el bancario Juan José Zanola (cercano a los Kirchner hasta esta desgracia judicial). Y en las últimas horas quedó procesado por delitos gravísimos el hombre que recaudó el dinero de las campañas del oficialismo de 2003 a 2007, Héctor Capaccioli.