Cuando este miércoles se encuentren el ministro Julián Domínguez y los cuatro representantes de la Mesa de Enlace en la cartera de Agricultura y Ganadería, para discutir los problemas de los productores con la comercialización del trigo, dos modelos que confrontan entre sí estarán sobre la mesa: uno es el que pretende la prescindencia total –es decir, ausencia– del Estado en el mercado de cereales; el otro reclama una intervención más fuerte para evitar abusos de parte de los actores más poderosos. En este caso, las firmas cerealeras que dominan la exportación. Pero las aguas divisorias no dejan, precisamente, al Gobierno de un lado y a las entidades del otro, como podría suponerse. El tema es más complejo y a medida que crece el conflicto entre los sectores que componen la cadena dé comercialización del trigo, quedan a la vista otras aristas del problema. Si Federación Agraria avanzara en su cuestionamiento a las cerealeras sin medir el riesgo de quebrar la Mesa, quizá dé pie a que las autoridades asuman posiciones más firmes en materia de control del comercio de granos y de sanción a quienes abusan en su propio beneficio.
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