El 19 de diciembre de 2001, en Rosario, los perdigones de una Itaka disparada por un uniformado de la policía santafesina terminaban con la vida del militante social Claudio “Pocho” Lepratti. Desde el techo de la escuela donde comían los chicos, Pocho les gritó: “¡¡¡Hijos de puta, bajen las armas que aquí sólo hay pibes comiendo!!!” Ese, su último y desgarrador clamor todavía desoído, se repite en la Argentina de hoy. En aquellos días finales del gobierno del radical Fernando de la Rúa fueron asesinados más de 30 compatriotas hartos de estar hartos, cansados de tanto despojo, de la exclusión neoliberal y de la inveterada incapacidad para gobernar del centenario partido.
Desarmar ese clima de violencia institucional explícita no fue tarea sencilla. Hubo que atravesar la conmoción por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ejecutados por la policía brava del ex senador Eduardo Duhalde. La asunción de Néstor Kirchner como presidente comenzó a modificar la lógica de la derecha reaccionaria –que ahora vuelve en todo su esplendor– que antepone el orden a cualquier otro valor. El gobierno iniciado en 2003 sitúa a la justicia como presupuesto primordial e indispensable para la construcción de una verdadera democracia social. Y al derogar las leyes de la impunidad permite avanzar de la única manera posible: saldando el pasado ominoso.
La decisión del gobierno de no reprimir la protesta social, de separar y castigar a los que contrariaron las órdenes, de mantenerse fiel a sus convicciones, trajo consigo lo que algunos llaman “costo político”. Y en un movimiento de pinzas destituyente, la derecha golpista y nostálgica y la izquierda troglodita y cómplice se asociaron en la práctica para tratar de impedirnos el futuro que estamos construyendo entre todos.