La oposición advirtió al Gobierno que perderá facultades delegadas

Con este proyecto de resolución, la oposición pretende dejar explícito que a partir de hoy el Congreso asume todas las facultades que, de 1853 a 1994, le había delegado al Poder Ejecutivo.

El Congreso Nacional al rojo vivo. Foto: Web
El Congreso Nacional al rojo vivo. Foto: Web

Se trata de un claro mensaje político destinado al Gobierno: la oposición impulsará una resolución en el Congreso en la que le advertirá que ya no podrá utilizar para la gestión las más de 200 leyes con facultades legislativas vigentes, ya que éstas caducan hoy y no habrá una nueva prórroga.

Con este proyecto de resolución, la oposición pretende dejar explícito que a partir de hoy el Congreso asume todas las facultades que, de 1853 a 1994, le había delegado al Poder Ejecutivo.
La intención es que esta resolución prospere en ambas cámaras parlamentarias; para ello habrá hoy una reunión entre diputados y senadores de la oposición para acordar una estrategia común.

De las 200 leyes con delegaciones legislativas vigentes, la oposición detectó una treintena de normas que resultan clave para la gestión. En el paquete figuran, por caso, la ley de abastecimiento -que utiliza el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para condicionar a las empresas-; la de emergencia económica; la de reforma del Estado; el Código de Procedimiento Tributario; la de entidades financieras, y la más resonante, la del Código Aduanero, que fija los derechos de exportación e importación de innumerables productos, entre ellos los del agro.

La decisión de asumir plenamente todas estas facultades se terminó de definir ayer, durante una reunión en el despacho del diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR). Allí, los diputados Graciela Camaño (bloque Peronista), Paula Bertol (Pro), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Mónica Fein (socialismo) y Gerardo Millman (Gen) debatieron sobre las consecuencias que podría provocar en la gestión el vacío jurídico que se generará con la caducidad de estas delegaciones legislativas.

Primó, al final, la línea más dura que alentaba Camaño: advertir al Poder Ejecutivo, vía resolución, que ya no podrá utilizar más esas delegaciones.

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