El asesinato de Mariano Ferreyra por matones de la Unión Ferroviaria está llamado a tener profundas consecuencias porque el umbral de tolerancia de la sociedad argentina a la muerte joven por razones políticas o gremiales es muy bajo, sin distinción de partidos o tendencias. Tal aversión obedece tanto a hechos históricos (como los enfrentamientos entre fracciones internas peronistas entre 1973 y 1975 y los crímenes del Estado Terrorista a partir de 1976) cuanto recientes (los 38 asesinatos policiales con que se despidió el último gobierno de la UCR, las ejecuciones de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por la policía bonaerense de Felipe Solá, que obligaron a que el ex senador Eduardo Duhalde acortara su interinato al frente del Poder Ejecutivo, y el disparo de una granada de gases a la cabeza del maestro Carlos Fuentealba por la policía de Jorge Sobisch en Neuquén). Atentos a esa sensibilidad colectiva, los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK adoptaron como uno de los rasgos centrales de su identidad la decisión de no reprimir la protesta en el espacio público, que los diferencia de todas las administraciones precedentes y de las ofertas electorales de quienes aspiran a sustituirlos.
En 2004, incluso, Kirchner despidió al jefe de la Policía Federal, al secretario de Seguridad Interior y al ministro de Justicia y Seguridad porque resistieron la directiva de que el personal policial dejara de portar armas letales ante manifestaciones. En ese contexto era inevitable que el crimen de Barracas, en el que debe analizarse por qué las policías federal y bonaerense no impidieron la agresión, pasara a ocupar el centro de la disputa política y sindical. La tragedia sucedió apenas una semana después del imponente acto de River Plate, en el que Hugo Moyano comprometió su apoyo electoral a Néstor o Cristina y descalificó al gobernador bonaerense Daniel Scioli, y de la decisión de la Coordinadora Interpatronal de boicotear la ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución, que dispone la participación de los trabajadores “en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. La fiscal Cristina Caamaño tomó declaraciones durante toda la noche del jueves y el viernes la jueza Susana López ordenó allanamientos y detenciones que esclarecerían por completo lo sucedido.